El espectáculo que ofrece la disputa por el poder dentro del PRD en su dirigencia nacional, en sus grupos parlamentarios, en sus candidaturas recientes, entre sus tribus, en medio de la incertidumbre y confusión de sus votantes duros, es solo reflejo de una de las vulnerabilidades y debilidades del modelo democrático de México, propuesto e impuesto por las fuerzas políticas opositoras al partido dominante.
Si la disyuntiva era acceder al poder político y a la representación popular, la respuesta era la de encontrar la fórmula de facilitar la renovación periódica de élites, prácticas y proyectos, en forma competitiva, por la vía legal. Legal quiere decir con certeza jurídica. Los opositores equivocaron la naturaleza de la respuesta y el cauce a esa aspiración democrática, mayoritariamente compartida, fue de carácter financiero, no jurídico, mucho menos político. La mejor prueba es lo que está pasando ahora dentro del PRD, que no es excepción sino ejemplo escandaloso y burdo de lo que ha venido sucediendo dentro de todos los partidos, incluido el PRI, sobre todo a partir de la mal llamada “Reforma Electoral definitiva” de 1996 del presidente Ernesto Zedillo.
Lo que está en curso de disputa en el PRD es el control de los recursos económicos, tanto del partido político en cuanto tal como de los grupos parlamentarios y el dinero que se juega en las campañas electorales de este y sobre todo del próximo año.
Esta ambición se intenta matizar y poner en segundo plano al anteponer posturas conceptuales o presuntamente legítimas ambiciones personales en torno a candidaturas y sus posibilidades reales de, primero, lograrlas en la competencia interna y, luego, conseguirlas en las elecciones abiertas. Pero si sustituimos los nombres de los Chuchos, Barrales y Barbosa por los de Anaya, Madero y calderonistas; o Roberto Madrazo, Elba Esther Gordillo, Emilio Chuayffet, la pugna es dinero, todo simple y sencillamente gracias a que la oposición al PRI confundió la democratización de México con un mayor acceso al financiamiento público. De esta forma las variables principales de la ecuación del poder político contemporáneo de nuestro país se convirtieron en gobierno, órganos del Estado autónomos y partidos políticos; ausentes nociones esenciales de ciudadanía y representación. A menos, claro, que se postulara que en el fondo la principal preocupación y el interés primordial del ciudadano es la acumulación monetaria.
Se equivocan quienes dicen que México es una democracia fallida. Tal vez, al contrario, es una perfeccionada maquinaria de perversidad económica consolidada a lo largo de 21 años en que, mediante los procesos de vigilancia, fiscalización, proporcionalidad en el acceso a los recursos públicos y blindajes de acceso al sistema, cada tres o seis años asistimos a la renovación parcial de una democracia devenida, no en demagogia, como algunos sostienen, sino en una cleptocracia de refrendo popular periódico y, por tanto, democrática. La “Reforma Electoral definitiva” está agotada, gane quien gane en 2018. Serán cleptócratas, en todo caso, de color diferente.
