Dentro de 14 meses (septiembre de 2026), el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el del Instituto Electoral de Tamaulipas, sesionarán para dar inicio a la etapa de preparación de la elección concurrente de 2027, en la que estarán en juego 16 gubernaturas en el país (la de Tamaulipas será en 2028), que traerá nuevamente el debate sobre la paridad de género, en este cargo unipersonal.
Viene a cuento lo anterior, porque durante la sesión celebrada el jueves 16 de noviembre de 2023, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debatió y aprobó por mayoría de 5 votos a favor y 4 en contra, la Acción de Inconstitucionalidad 187/2023 y su acumulada 188/2023, promovidas por el PT y Morena, en contra de una reforma electoral en Durango.
La aprobación en comento, se dio en el apartado “Alternancia de género por periodo electivo en la gubernatura del estado”, en donde la ponencia a cargo del ministro, Jorge Mario Pardo Rebolledo, propuso desecharla.
Entre los 4 votos en contra de batearla, se contabilizaron los de Juan Luis González Alcántara y Norma Piña Hernández, que concluyen sus funciones el próximo 30 de septiembre.
Los otros dos votos a favor de la alternancia de género por periodo electivo en las gubernaturas, lo aportaron dos ministras que lo seguirán siendo a partir del próximo primero de octubre: Yasmín Esquivel Mossa y Loreta Ortiz Ahlf, que ganaron su permanencia en las urnas.
Ambas ofrecieron en el apartado “conóceles” del INE, de la elección judicial 2025, el enfoque de género en el desempeño de su función, al igual que Sara Irene Herrerías Guerra, ministra electa.
Con estos antecedentes y tomando en cuenta que el nuevo Poder Judicial se eligió para hacer las cosas diferentes al pasado, podemos esperar que, temas como el de la alternancia electiva de género en las gubernaturas, se aborden con el viento a favor en el próximo Pleno de la SCJN, cuando se presenten acciones de inconstitucionalidad como la de Durango.
Permitiendo que los Congresos locales, legislen sobre la alternancia electiva y no sea un acuerdo del INE el que determine el género, para garantizar que las mujeres sigan accediendo a las gubernaturas, sobre todo en los estados en donde no ha sucedido.
Como en Tamaulipas.
