Desde que presentó su libro “2018: La salida”, López Obrador manifestó su animadversión al INAI, al decir que es un “organismo con funcionarios bien pagados y un presupuesto de 1,000 millones de pesos” que, lejos de combatir la corrupción, “se ha dedicado a encubrirla” (p. 50).
Viene a cuento la cita anterior, porque el costo de generar nuevas burocracias para garantizar el derecho a la información fue una idea central que estuvo en el debate parlamentario primigenio, así como en la visión de la persona titular del Poder Ejecutivo.
¿Es oneroso tener al INAI? Hoy que tiene maniatada su función garante, al no tener el quórum para resolver los recursos de inconformidad y revisión, es bueno saber que durante 2023 recibirá 1.2 centavos de cada 100 pesos del Presupuesto Federal (la Oficina de la Presidencia 1.05), promediando 1.1 centavos en el sexenio de AMLO. ¿Es caro?
Ahora bien, cuando en julio de 2001 el diputado del PRD Miguel Barbosa Huerta presentó la primera iniciativa de ley de información pública en México, propuso que la CNDH fuera el organismo garante.
En tanto que, las iniciativas del Presidente Fox y del Grupo Oaxaca estaban a favor de un organismo autónomo.
Tamaulipas no escapó a este debate: cuando el PAN presentó la primera iniciativa de información en octubre de 2001, propuso que los Juzgados de Primera Instancia tutelaran este derecho.
Al igual que la primera Ley de Información aprobada en noviembre de 2004, a iniciativa de Tomás Yarrington Ruvalcaba, el Tribunal Fiscal fue autoridad garante, argumentando no generar nueva burocracia.
Incluso, antes de su aprobación, en el Foro de Matamoros se propuso crear en el Poder Judicial una “Sala Administrativa” garante de este derecho.
En esta sintonía, López Obrador ha propuesto que las funciones del INAI pasen a la Secretaría de la Función Pública (enero/2021) o a la Auditoría Superior de la Federación (abril/2023).
Sin duda, la negativa senatorial de completar la integración del Pleno tiene en jaque al INAI; pero no en mate, porque desaparecerlo exige derogar la Base A del artículo sexto de la Carta Magna, y eso requiere mayoría calificada en ambas Cámaras, que ningún partido tiene.
Otro affaire para la SCJN.
