Tamaulipas tuvo un notable desempeño en el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública de 2019, como lo reflejan los informes individuales que la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados, el viernes pasado.
Informes recibidos por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, conforme a lo dispuesto por el artículo 79 de la Carta Magna, en relación con los artículos 35 y 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
En promedio el gasto federalizado representó el 84.6% de los ingresos totales de las 32 entidades federativas durante el 2019, cantidad que ascendió a 1.9 billones de pesos, de los cuales el componente programable absorbió el 54% y las participaciones federales el 46%.
Respecto al Gasto Federalizado Programable, la muestra auditada a nuestro estado fue de 8,180.4 millones de pesos, con los siguientes resultados:
Tamaulipas fue la entidad con el menor monto observado en el país, con 4.6 millones de pesos, contrastando con el de la Ciudad de México, que ascendió a $7,548.5 millones.
Tamaulipas fue la entidad con la menor proporción entre la muestra auditada y el monto observado, con apenas 0.1% (el de la CdMx fue de 45.2%), que nos colocó por debajo del promedio nacional de 6.8%.
Respecto a las Participaciones Federales, la muestra auditada fue de 5,609.9 millones de pesos, con ninguna observación para nuestro estado.
La fiscalización de la Cuenta Pública de 2019, tiene dos componentes que se relacionan con un tema de la mayor importancia en tiempos de pandemia: el manejo de los recursos públicos destinados a la salud.
Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral y el Seguro Popular.
En ambos casos Tamaulipas fue el mejor calificado en el país, pues no tuvo ninguna observación en las muestras auditadas.
Son resultados que denotan el trabajo de la Contraloría Gubernamental, que blindan a Tamaulipas en materia de fiscalización ante la ASF y fortalecen la gobernanza estatal frente a la 4T.
Representando un pendiente menos para el gobernador, al inicio del quinto año de su mandato.