El pasado 08 de marzo estuve con los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Jalisco, A.C. a invitación que me fue hecha por su presidente el Dr. Sergio Navarro Gómez, a fin de impartir una conferencia sobre “Los derechos del gobernado frente a la Administración Pública”, dentro del marco de la premiación que dicho Colegio hace anualmente a los juristas que en diversas facetas de la profesión jurídica, consideran que merecen dicho reconocimiento; uno de los cuales también recayó en mi persona, y de lo cual me siento muy honrado. Y agradezco a su membresía la gentileza de tal distinción.
En esta colaboración me permitiré hacer un breve extracto de la conferencia desde una perspectiva que nos permita entender ciertos aspectos de la actual tensión política existente entre los poderes federales Ejecutivo y Legislativo con el Judicial.
Y comenzaré de atrás para adelante, con una cita que me encanta, y con la que concluí dicha plática, misma que extraje del libro “Las limitaciones del conocimiento jurídico” Editorial Trotta, Madrid, 2003, colaboración entre dos juristas españoles: Alejandro Nieto y Agustín Gordillo.
Escribe Alejandro Nieto lo siguiente: “…no es un azar que los Derechos primitivos estuvieran primero en manos de magos y luego de sacerdotes (ni que ahora los jueces y abogados, y hasta hace poco los profesores, actúen con ropones simbólicos -las famosas togas-). Los magos, los sacerdotes y los juristas poseen la asombrosa facultad de sacar a los seres humanos del modesto y cotidiano mundo de la naturaleza para trasladarlos a un mundo mágico donde viven los fantasmas de los conceptos jurídicos, que son el objeto del conocimiento jurídico. Con las fórmulas mágicas de la brujería legal los hechiceros de siempre hacen y deshacen las relaciones sociales, absuelven y condenan con razones que para los no iniciados resultan incomprensibles y salvan o humillan, según toque, a la Justicia…” (p. 65).
Nieto nos describe así la fantástica construcción de lo jurídico. Y yo agrego lo que aprendí en mis épocas de antaño como litigante: como da para un lado, también da para el otro. Y entonces observamos a un poder judicial federal empoderado que interpreta y aplica las normas y la Constitución desde su muy peculiar óptica, que no es la misma de la del Presidente de la República y sus afanes. De ahí el conflicto.
La protección -siempre ampliada y progresiva- de los derechos humanos de las personas (hombres o mujeres) corresponde por disposición del artículo primero de la Constitución federal a todas las autoridades de todos los niveles de gobierno.
Sin embargo, la realidad es muy distinta, y los primeros transgresores son quienes deben honrar en su función los principios que dicha norma suprema establece: “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley” señalando igualmente el deber de favorecer “en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Y ahí es donde el legislador, el judicial y el ejecutivo hacen magia y se convierten en modernos “merlines”, brujos que fabrican la norma, la interpretan y la aplican a conveniencia. Cada quien jala para su lado en la lucha de intereses que protegen [“lawfare”], que no son otros que la mayor concentración del poder político y económico en las elites dominantes. La República y sus habitantes siempre a merced de poderes foráneos o nacionales que buscan la tajada mayor del pastel.
Y ahí el derecho y la justicia quedan a deberle al ciudadano (a) de a pie, sujetos primordiales de la teoría y práctica de los derechos humanos. Y entonces algunos indignos representantes de los poderes se subastan a favor del mejor postor.
Llámense legisladores, jueces, magistrados, ministros o secretarios de estado y directores generales o equivalentes. Por no mencionar autoridades estatales y municipales. Cada uno llevando agua para su molino, con capas, togas o mantos protectores de amplísima impunidad, actuando arbitrariamente y con desvío de poder, y para quienes el artículo primero constitucional se ha convertido en mero adorno de discurso, donde lo que cuenta es la “realidad” construida por los poderes en pugna. Las personas y sus derechos humanos son simple abstracción.
Ejemplos hay muchos y serán motivo de subsecuentes colaboraciones.
