En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en pleno corazón de la urbe, en su centro histórico, en el número 190 de la avenida Miguel Hidalgo y Costilla, entre las calles José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, se encuentra un antiguo edificio que en su pórtico tiene adheridas dos placas de bronce –una a cada lado de un enorme portón- con la leyenda “Gobierno del Estado de Jalisco”. Nada fuera de lo normal nos indica un contrasentido excepto por dos cosas: el frontispicio alto, ostenta la leyenda “Supremo Tribunal de Justicia”, y un poco arriba y a la derecha de una de las placas que mencioné antes (de las que disponen la propiedad del gobierno) existe otra placa en cerámica vidriada que señala:
“Supremo Tribunal de Justicia. El Gobernador Enrique Alfaro Ramírez hizo entrega de este edificio en propiedad al Poder Judicial en el 198 aniversario de su fundación, siendo Presidente el Magistrado Daniel Espinosa Licón. 18 de Noviembre de 2022”
Todo hubiera pasado desapercibido para mí, si no hubiera sido por un nuevo pero valioso amigo –el Lic. Alejandro López- al que agradezco sus claras reflexiones, y que resultó ser de esos amigos genuinos que uno se pregunta porque no conociste antes, y porque la vida te permite conocerlo en este momento. Todo tiene un porque y pasa por razones que inicialmente pueden ser desconocidas, pero luego salen a la luz.
Y me decidí a ir a observar y visitar el lugar por mí mismo. Y efectivamente las placas están muy propias en su lugar. Existen otras de cerámica que hacen referencia al convento de Santa María de Gracia, al Liceo de Niñas, a la Normal para Mujeres, y a la Normal Mixta como destinos que albergó dicha sede muchos años atrás. Pero lo cierto es que desde hace cuatro o más décadas ese edificio tiene como destino al poder judicial estatal. Ha sido sede de juzgados, y también hoy es de Salas de magistrados.
Lo increíble de todo esto, es que un poder independiente de otro, y que constitucionalmente, y en democracia, tenga que observar la división de poderes y la distribución, equilibrio y contrapesos de competencias, y aún ostente dos leyendas que digan: “Propiedad del Gobierno del Estado”. Será esa referencia hecha ¿al inmueble)? o, ¿a todo un poder que imparte justicia civil, penal, familiar y mercantil? Porque resulta que como el poder (y más el político) tiende a ser expansivo, comprensivo y omnipresente (aunque sea por seis años) pareciera que los gobernadores (y más el actual) son los dueños de los otros dos poderes.
Pero el Legislativo, por lo menos, no ostenta esas placas; que más que orgullo hacen ver el desaguisado y la falta de pundonor de algunos integrantes del poder judicial estatal, que pareciera que son “propiedad del gobierno del estado”, y del gobernador en turno.
Y lo más grave del asunto es que presuman la propiedad con dos señeras placas de bronce. Incluso ¡más allá de un año de que les fuera dada la escrituración del inmueble [no solo su posesión], no han tenido el tino de retirar las mismas! Pareciera que el refrán popular que reza que “la cabra siempre tira al monte” sigue presente en esta composición del poder judicial estatal. Siempre miran a la sede del Poder Ejecutivo, porque por el llegan y por el permanecen magistrados y jueces. Algunas veces con mayor o menor intervención de los diputados, pero siempre con arreglos que no se dan con la debida transparencia y aireación que merecen los asuntos públicos. Llegan por cuotas y cuates como se dice hoy.
Esto significa entonces, que el Poder Judicial Estatal completo, o, ¿será solo el Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco?, siguen siendo de la propiedad del gobernante –titular del ejecutivo en turno, en este caso de Enrique Alfaro Ramírez. A “explicación no pedida acusación [o confesión] manifiesta” reza un principio de derecho. Entonces las dos placas de bronce ¿hacen manifiesta la confesión de quien es el dueño de otro poder en Jalisco? Una realidad que ensombrece a la democracia, a la división de poderes, y a la independencia e imparcialidad en la impartición de justicia. Una confesión tácita que afecta el funcionamiento de una institución pilar del estado. Una vergüenza en un país que se ha construido desde siempre con el poder y no con la justicia. Algo para reflexionar y que debe cambiar.
P.D. Igualmente me llamó mucho la atención que, en las paredes del templo de enfrente, dedicado a San Agustín, exista otra placa que dice: “Al general de División Donato Guerra como reconocimiento a sus méritos. 1832-1876”. ¡Increíble! en un recinto religioso. No, no es un texto religioso. Leyó usted bien: es una dedicatoria de un templo católico a un general de la guerra de reforma. México y sus confesiones de lo que hemos sido, somos y seguiremos siendo. Ni hablar.
