Habiendo pasado las pre-precampañas (simulación a todas luces ilegal), y las precampañas; con inexorable puntualidad entraremos en marzo en la etapa de campañas del proceso electoral. Por una parte, la regularidad democrática es un claro indicio de que no somos una dictadura –como la derecha asegura- y que la cita de los ciudadanos con las urnas es un proceso que hemos regularizado en nuestra vida política desde hace muchos años.
Pero por otra parte surge la parte oscura de dicho proceso: dispendio a raudales en el gasto de los partidos y candidatos, sin mecanismos efectivos de fiscalización por parte del INE, con un contenido de fuentes de dinero y financiamiento poco claro, independientemente del gasto en prerrogativas de campañas que prevén la constitución y la ley. Y luego el constante bombardeo de spots publicitarios en la pauta que también como prerrogativas se concede a los partidos y coaliciones en los medios convencionales de radio y televisión, aparte de las nuevas modalidades que han ido surgiendo.
Frente a semejante “mitote político” entran las reglas electorales que califican la calidad y equidad en la contienda y para ello hay monitoreo de medios y padrón de proveedores de los partidos en los gastos de campaña. Es una realidad innegable que los topes de campaña son una ilusión frente al desmedido gasto que los candidatos, partidos y coaliciones operan para tener posibilidades de triunfo. Carlos Hank González (político priista ya fallecido) lo dijo muy bien: “político pobre es un pobre político” sentenciando el destino de quienes no cuentan con recursos suficientes para competir. En ese caso Benito Juárez, por ejemplo, nunca hubiera llegado a las alturas del poder a las que llegó, simplemente porque esa clasificación le ajustaba perfectamente: era un político pobre. Y después fue un funcionario de “honrada medianía”.
Pero la infiltración de lobistas, cabilderos, intereses diversos, y posiblemente del crimen y mafias en el financiamiento a las campañas es algo que no se puede negar. Y así lo es también el uso de recursos públicos que fluyen de los gobiernos de distintos niveles a candidatos y partidos; tal y como lo probaron los casos documentados del “Pemexgate” y “Amigos de Fox” que dieron pie a sendas multas por parte del antes denominado Instituto Federal Electoral.
El punto es: ¿cómo propiciar la equidad en la competencia político-electoral si no hay un control adecuado y eficiente del gasto de los candidatos y partidos? Se le han dado amplias facultades al IFE primero, y luego al actual INE para intervenir y fiscalizar el gasto en campañas y procesos políticos. Y también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; si no véanse los casos de Guerrero y Michoacán que obligaron al cambio de candidatos al gobierno estatal de Morena por aspectos de faltas formales en las obligaciones de fiscalización.
Pero todo esto ¿qué implica para el ciudadano de a pie que difícilmente participa en política? Un bombardeo continuo de mensajes políticos para tratar de que su voto se exprese hacia determinada opción política. Muchos de quienes van a votar ya tiene decidida su opción. Los indecisos ¿votarán en razón de la propaganda de campaña? O por el contrario ¿la propaganda negra hará su función y las redes sociales inhibirán el voto o llevarán a algunos a decidirlo en función de los negativos de candidatos y de partidos?
La realidad es que habrá un inclemente bombardeo de spots, propaganda normal, propaganda negra, e infinidad de nuevos canales de comunicación para que la gente decida, confirme o corrija su voto. Y harán presencia los próximos tres meses de marzo, abril y mayo, prometiendo hasta lo que no. Después, olvidarán promesas, compromisos y al ciudadano elector ¿Usted ya se hizo el ánimo para aguantar pacientemente dicho lapso?
