El próximo 8 de septiembre es la fecha límite que marca el artículo 74 fracción IV de la Constitución Federal y el 42 fracción III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: para que el Ejecutivo Federal entregue al Congreso de la Unión el paquete económico y presupuestal 2026; paquete que incluye: a) Los criterios generales de política económica, b) la iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal y c) el proyecto de Presupuesto de Egresos.
Cuáles serán los desafíos clave para este paquete económico y presupuestal 2026.
Uno de los principales desafíos es lograr una convergencia fiscal que reduzca el déficit público sin comprometer el gasto en programas prioritarios. Los Pre-Criterios 2026 estiman una disminución del déficit presupuestario en un 15% real respecto al cierre de 2025, lo que implica ingresos marginalmente inferiores (-0.9% real) y una reducción más pronunciada del gasto (-2.7% real). En ese sentido, el mantenimiento de la deuda pública en niveles sostenibles es otro reto significativo. Aunque el nivel proyectado del 52.3% del PIB es manejable, cualquier desviación en las proyecciones de crecimiento o ingresos podría incrementar la presión sobre las finanzas públicas.
Otro desafío será el del crecimiento económico moderado y la demanda interna. El Ejecutivo debe presentar un presupuesto que fortalezca la demanda interna sin generar presiones inflacionarias, manteniendo el 3% de inflación proyectada. Esto implica un equilibrio delicado entre el apoyo a los programas sociales, que refuerzan el poder adquisitivo de los hogares, y la inversión en infraestructura, como los Polos de Desarrollo para el Bienestar, que buscan atraer inversión privada y fomentar el nearshoring.
Por otro lado, un reto mayúsculo será la priorización del gasto público. El presupuesto debe priorizar el gasto en programas sociales y proyectos de infraestructura, que son pilares del modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. Los programas sociales, de carácter progresivo y contracíclico, son esenciales para reducir brechas sociales y proteger a la población vulnerable frente a choques económicos. Sin embargo, la reducción proyectada del gasto público (-2.7% real) plantea el desafío de asignar recursos de manera eficiente sin comprometer estos objetivos.
La Cámara de Diputados tendrá hasta el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Se dice que todo lo que no está presupuestado, no existe. El presupuesto es la materialización de las políticas públicas de un gobierno. De ahí que, bien podría rezar otro adagio: “Por sus presupuestos los conoceréis”. Ya veremos qué le depara a las entidades federativas y a los municipios del país en el reparto presupuestal. Guanajuato espera con ansiedad los recursos para el proyecto del Acueducto Solís-León.
