A unos días de efectuarse la votación para elegir al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de CdMx, con cinco magistrados inscritos oficialmente en el proceso, la situación ya se politizó más allá de lo esperado y huele a tráfico de influencias.
Como le informé, los magistrados que quedaron registraron fueron el presidente actual del organismo, Álvaro Augusto Pérez Juárez, quien busca su reelección; Rosalba Guerrero Rodríguez, Celia Marín Sasaki, Manuel Díaz Infante y Rafael Guerra Álvarez.
Resulta que este último difunde entre los 79 magistrados con derecho a voto que tiene un supuesto respaldo de altos dirigentes de Morena a su candidatura, basado principalmente en la relación de compadrazgo que él y su esposa, la también magistrada Eva Verónica de Gyves Zárate, mantienen con la próxima secretaria de gobierno de CdMx, Rosa Icela Rodríguez.
Por eso digo que se politizó el tema. Guerra Álvarez presume haber sido pieza clave hace más de una década en la defensa de Andrés Manuel López Obrador por el proceso de desafuero, y que la magistrada de Gyves Zárate es una de las nominadas por el hoy mandatario electo para ocupar la primera Fiscalía General de la República.
Por eso digo que también huele a conflicto de interés, aunque no ha sido motivo de preocupación porque el magistrado Guerra Álvarez utiliza estos factores para cabildear a favor de sus intenciones rumbo a la presidencia del máximo órgano de justicia capitalino.
Entre sus promesas de campaña incluyó la posibilidad de usar sus influencias para que se respeten los llamados privilegios de jueces y magistrados, con ingresos hasta de 300 mil pesos mensuales junto con seguros y pagos de riesgo, frente a los lineamientos de austeridad republicana de López Obrador y legisladores de Morena en ambas cámaras.
De que huele a tráfico de influencias, por lo menos en promesas de campaña, pues huele.
Cuarto de junto
Germán Larrea, presidente de Grupo México, como muestra de confianza en el crecimiento y desarrollo del país, logró que su consejo de administración le autorizara un plan de inversión histórico para 2019, de 9 mil 48 millones de pesos para expansión y mejora de infraestructura. Es el primer año de la administración de López Obrador con quien tuvo fuertes diferencias. En los próximos meses, dentro del segmento de energía de la agrupación, entrará al país el primer tren unitario de importación de refinados y en el último semestre de 2019 estarán listas las nuevas terminales de almacenamiento de hidrocarburos.
