El miércoles pasado, en este mismo espacio, señalaba que el gobierno de Jalisco realizaría, del 28 de agosto al 12 de septiembre, una consulta popular sobre “la política fiscal estatal” con tres interrogantes sobre los convenios de coordinación fiscal que Jalisco mantiene con la federación, para que se respondiera si “se mantiene adherido, se negocian nuevas condiciones o se dan por terminados”. Al siguiente día, el Gobernador del estado, aclaró que la consulta “no sería sobre temas fiscales”, sino “sobre la iniciativa de reforma constitucional (que presentó en febrero pasado) y no sobre permanecer o salirnos del convenio fiscal”.
Como se ve, o el Ejecutivo no sabía lo que se estaba planeando; o, eso estaba tan mal planteado y organizado, que decidió darle marcha atrás. Anunció además, que será hasta el próximo año cuando se aplique, ya no una consulta popular, sino una ratificación constitucional, como lo planteé en este mismo espacio.
Es muy positiva y digna de todo reconocimiento la rectificación realizada por el gobernador sobre un tema en el que Jalisco tiene una enorme responsabilidad. Tres son los principales problemas que al menos debería contener la revisión del pacto fiscal:
1. Las marcadas asimetrías entre lo que se aporta y se recibe. De acuerdo a la calificadora HR Ratings, cinco estados aportan el 72.3 por ciento de la recaudación federal participable y solo reciben el 38.3 de las participaciones y aportaciones federales.
2. Los raquíticos ingresos tributarios del Estado mexicano debido a la evasión y elusión fiscales; la informalidad, y la corrupción. Nuestro país en 2019 sólo recaudó el 16.5 por ciento del PIB, contra 33.8 por ciento promedio de los países de la OCDE y el 22.9 por ciento de los 26 países de América Latina y el Caribe, encontrándose a cuatro sitios del último lugar.
3. La deficiente o nula capacidad recaudatoria de estados y municipios: de 18 ingresos fiscales que pudieran tener, solo aplican en promedio seis.
Así, no se trata solo de discutir cómo repartir las migajas, sino de cómo cocinar un buen pastel, cuyas rebanadas se repartan de la forma más equitativa posible. Una revisión integral del pacto fiscal obliga a redefinir competencias constitucionales para recaudar, gastar y prestar servicios.
Eso, en el fondo implica revisar no solo el pacto fiscal, sino el pacto federal.
Javier Hurtado
