Con la reforma Constitucional en materia de industria eléctrica, cualquiera podría preguntarse por qué el Presidente presenta una iniciativa que, en una primera apreciación, estaría destinada a ser rechazada. Algunos dirían “como está desconectado de la realidad no sabe las consecuencias de sus actos”; otros, “por perverso, no siendo eso lo que en realidad busca, sino otros objetivos ocultos”; otros más, señalarían “por quedar tranquilo con su conciencia y con la historia, y ´no ser cómplice del robo, del atraco que particulares le hacen a la CFE –como él dice- ´”. De la tres, las dos últimas serían las determinantes.
En la Cámara de Diputados el Presidente cuenta con 277 votos, necesita 53 más para completar los 330 de las 2/3 partes. En Senadores, tiene 74, le faltan 10. Dado el declarado rechazo del PAN y del PRD, el único que puede proporcionar los votos faltantes es el PRI, que cuenta con 71 diputados y 13 senadores.
Es difícil –aunque no imposible- que el PRI en unidad vote a favor o en contra. Empero, lo más seguro es que más voten a favor y otros en contra. Sin embargo, también podría ser que los votos del PRI no fueran suficientes para sacar adelante la reforma. Como quiera que sea, su futuro más probable es la división yel fin de su alianza con el PAN y el PRD. Y ese puede ser, uno de los objetivos ocultos de la iniciativa presidencial.
Centrados en los efectos políticos de la iniciativa, en el debate no se ha arrojado suficiente luz sobre las causas y consecuencias que para el país puede tener tanto mantener el estado de cosas en la industria eléctrica como modificarlo.
El origen de todo el problema se ubica en la reiterada práctica de incluir todo en la Constitución, y la facilidad con que puede ser reformada. Como contra las reformas constitucionales no procede recurso alguno, otro objetivo de la iniciativa es pretender incluir en la Constitución lo que apenas en marzo pasado fue declarado inconstitucional.
Si para esta modificación Constitucional bastaron ocho años, nada impide que en ese mismo tiempo, o uno menor, se ponga lo contrario a lo que se apruebe ahora. No se puede seguir así. La imagen del país y la confianza de los inversionistas están en juego.
Javier Hurtado