El 27 de octubre del año pasado, el titular del Ejecutivo Federal, retó a los gobernadores de la Alianza Federalista a hacer una consulta popular para preguntarle al pueblo (sabio y bueno) si estaban de acuerdo en que se revisara el pacto fiscal.
El primero en agarrarle la palabra fue Nuevo León, que entre el 6 de diciembre y el 28 de febrero pasados organizó una consulta por internet en la que solo participaron 11 mil 953 neoleoneses (el .2 por ciento de la población), de los cuales 11 mil 266 votaron a favor de modificar “el mecanismo de distribución” fiscal.
Jalisco, entre el 28 de agosto y el 12 de septiembre, organizará una con urnas electrónicas, para preguntar: “¿Estás de acuerdo en revisar la política fiscal estatal para que el Congreso del Estado de Jalisco decida si Jalisco se mantiene adherido a los convenios de coordinación fiscal, se negocian nuevas condiciones o se dan por terminados?”. Como se ve, la pregunta está mal redactada y en realidad contiene tres interrogantes, pero solo una respuesta (Sí o No).
Un problema de esa consulta es su constitucionalidad: cae en las causales de improcedencia contenidas en el párrafo 3° de la fracción VIII del 35 Constitucional. No entra en la facultad configurativa de las entidades federativas, porque no tiene que ver con una distribución competencial entre órdenes de gobierno, sino que alude a los derechos humanos de todos los mexicanos que quieran convocar a una consulta popular, o votar en ella; ya sea sobre un tema nacional, federal, regional o local.
En Jalisco, para que la consulta sea válida, se requiere la participación del 33 por ciento de los habitantes (no el 40 por ciento de los ciudadanos como a nivel nacional), por lo que conviene preguntarse: si llegarán a participar dos millones 754 mil 890 habitantes, y de estos la mayoría votan por el Sí, ¿Qué pasaría? ¿A poco el gobierno del estado va a “dar por terminado” el Convenio de Coordinación Fiscal? Si así fuera ¿Cuáles serían las consecuencias para el estado?
Está demostrado que las famosas consultas populares, más que resolver problemas, lo que hacen es generarlos. Es cierto que se requiere revisar el pacto fiscal, pero en vez de una consulta lo que se debe hacer –y si digo debe es porque aún se puede- es activar la figura de ratificación constitucional contemplada en la Constitución de Jalisco.
Javier Hurtado
