Con mi infinita admiración para Norma, quien con su ejemplo impide que bajemos los brazos.
“…Hoy es un día muy importante, finalmente logramos estar en una audiencia única en la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sentar al Estado mexicano y volver a señalarle que no ha hecho absolutamente nada, que sus investigaciones han sido siempre en espera de unas llamadas anónimas, y en base a eso, actuar o en base a lo que nosotros como victimas le proponíamos o exigíamos para que nos llevaran finalmente a alguna respuesta. En esta reunión el Estado acepta finalmente, que es culpable, reconoce su culpabilidad de que las actuaciones hayan sido lentas, que en las actuaciones haya habido tantos errores, ¡y lo reconoce a nivel internacional!...”
Es 9 de mayo de 2018, Norma Esther Andrade tiene apenas algunas horas de haber regresado a la ciudad de México, recién se instala en casa, de la que ha debido ausentarse para acudir a Santa Domingo, y hablar en compañía de sus abogados Micheel Salas y David Peña, a nombre de su hija Lilia Alejandra García, quien fuera secuestrada y asesinada en el año 2001 a la edad de 17 años, en ciudad Juárez.
El cansancio no solo del viaje, sino de 17 años exigiendo justicia en Juárez, en la cd de México, en el resto país y ahora ante organismos internacionales, no fue impedimento para que esa noche Norma acepte platicar conmigo y compartirme su nostálgico, doloroso, indignante y esperanzador resultado de una audiencia que había solicitado el 9 de abril del 2013 ante la CIDH, y que le fue admitida el 19 de marzo del 2012,
…La petición se presentó en contra de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “Estado” o “Estado mexicano” o “México”), por la falta de investigación en la desaparición y posterior muerte de Lilia Alejandra García, de diecisiete años de edad, ocurrida en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, en febrero de 2001, alejadamente en un contexto de un patrón de violencia contra las mujeres
Los peticionarios alegan que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 7 (libertad personal), 8 (garantías judiciales), 19 (derechos del niño), y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención” o “Convención Americana”), en concordancia con la obligación general establecida en los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento y la violación del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención de Belém do Pará), en perjuicio de la presunta víctima… (INFORME No. 59/12/ Petición 266-03)
Esa noche, al hablar con Norma me encuentro particularmente emocionada y conmovida, no puedo dejar de admirar la fortaleza con la que emite cada palabra, con la destreza y claridad que articula la descripción del expediente que da cuenta del asesinato de su hija. Una mujer formada en áreas de educación, la Maestra Norma convertida a fuerza de los hechos, en una aguerrida defensora legal de su hija y de “otras hijas” asesinadas.
Escucharla y conocer su historia es entender porque en reiteradas entrevistas ella se encarga de señalar que no se define como activista, “este país, el asesinato de mi hija y su impunidad me hicieron activista…Soy Norma Esther Andrade, madre de Lilia y exijo justicia para ella y mis nietos, sus hijos”.
Fundadora con Maricela Ortiz, quien se encuentra asilada en Estados Unidos, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, define su camino como el cumplimiento de una promesa, “yo le prometí a Alejandra que lo iba hacer, el poder explicarles a sus hijos que a lo mejor a ella no la pude proteger debidamente, pero haré todo lo posible porque sus asesinos estén en la cárcel… Son 17 años de una lucha constante contra el tiempo, contra las instituciones, porque el delito ya prescribió de acuerdo a la media aritmética el año pasado, para mí era de suma importancia que la Comisión se pronunciará para que el delito no prescriba, y luego entonces, se obligue al Estado mexicano a presentar a los asesinos de mi hija, y cuando lo detengan no podrá defenderse con ese argumento…”
En compañía de sus nietos, hijos de Alejandra, hoy de 17 y 18 años respectivamente, Norma define la justicia como el derecho a conocer la verdad, saber lo que realmente sucedió, la detención de los asesinos de su hija, como un primer paso mínimo. Pero también, agrega al concepto de justicia que ha ido construyendo desde su experiencia y con otras mujeres, la exigencia de la generación de políticas públicas para dar atención a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas que quedan en orfandad sin alternativas de apoyo. En el caso de sus nietos, la atención médica, terapéutica, educación estuvo a cargo de ella. La solicitud de adopción de sus nietos le fue negada. Todo esto como parte de la ausencia de atención y de la invisibilización de los huérfanos como víctimas.
El derecho a la verdad que ha estado esperando por 17 años, “yo solo sé que mi hija salió de mi casa, fue a trabajar, al salir de su trabajo ella se pierde, y finalmente, cuando la encontramos esta violentada sexualmente y muerta, ¿qué paso durante los 7 días que la estuvimos buscando? ¿por qué la tuvieron en cautiverio?, ¿por qué la autoridad lo permite?
