Por los medios de comunicación nos enteramos del zafarrancho provocado por los seguidores del gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García, al tratar de impedir, sin suerte y al más puro estilo de Morena (su nuevo aliado), el nombramiento de Gobernador Interino, ya que al pedir licencia el actual para contender en la próxima elección presidencial se torna indispensable.
El conflicto se genera cuando, ignorando su propia promesa, ya que juraba que él sí permanecería en su cargo los seis años por los que fue electo, decide lanzarse de candidato a la Presidencia de la República, lo que implica que obligadamente solicitara licencia al cargo que desempeña, y en los términos de la Constitución de esa entidad federativa, el nombramiento de gobernador interino corresponde al Congreso del Estado, situación que fue ratificada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la ponencia del ministro Javier Laynez al resolver dos Controversias Constitucionales, una promovida por el Gobierno del Estado de Nuevo León en contra del gobernador interino que el Congreso en primera instancia nombró, y la otra interpuesta por el Congreso del Estado contra la designación del licenciado Javier Navarro. La Suprema Corte al aprobar el proyecto de Laynez concedió la suspensión de las dos designaciones, señalando que era “con el objeto de no poner en riesgo el principio de separación de poderes”, pero dejando a salvo, de acuerdo al texto constitucional local, la facultad a cargo del Congreso del Estado de Nuevo León, para nombrar a un nuevo gobernador provisional, considerando que conceder la suspensión al extremo de impedir, como lo solicitaba Samuel, a los diputados locales, nombrar al interino, podría poner en peligro la gobernabilidad misma de la entidad federativa ante la licencia concedida al gobernador.
En uso de esa facultad constitucional ratificada por la Suprema Corte los diputados del Congreso del Estado procedieron el pasado miércoles a nombrar un gobernador interino, por ello, al estar desahogando la sesión, seguidores que más bien se pueden calificar de porros, muchos de ellos incluso empleados del gobierno estatal y hasta un candidato, irrumpieron en la sesión intentado impedir su nombramiento. Como señaló el presidente del Congreso esos porros afines a Movimiento Ciudadano “quienes cometieron una ilegalidad y atentaron contra la libertad y la autonomía del Congreso”, por lo que yo considero que se debe proceder penalmente contra esas personas.
El gobernador Samuel ha señalado que es ilegal dicho nombramiento alegando la existencia de leyes y sentencias que solo existen en su imaginación ya que como lo señalé, la Suprema Corte fue tajante al dejar a salvo la facultad del Congreso para nombrar al interino. En otros casos similares los Congresos estatales, como mera cortesía, nombran al interino, del equipo político afín al del gobernador, situación que en este caso se torna imposible ya que Samuel, a su mas puro estilo se la ha pasado, desde que tomó posesión del cargo de gobernador, peleando e insultando a la oposición representada en el Congreso del Estado.
Este capítulo no termina aquí, ya que el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, quien por cierto es un gran abogado corporativo, amaga con acciones legales contra el Congreso y señala que nadie del gabinete seguirá instrucciones del recién nombrado Gobernador interino, aferrándose a que ese cargo debió recaer, en una persona afín a Movimiento Ciudadano, supuestamente “bajo los lineamientos de consenso y del respeto a los derechos democráticos de los ciudadanos de Nuevo León”. Yo les preguntaría: ¿ese principio está en la Constitución del Estado? ¿hasta donde puede un Juzgado ordenar que el nombramientode gobernador tiene que ser por consenso y unanimidad? ¿El nombramiento de interino debe recaer en alguien de la plataforma política y equipo de Movimiento Ciudadano? ¿Las fuerzas policiacas deben defender los derechos de Javier Navarro como secretario general de Gobierno para que sea el, y solamente el, gobernador interino? Creo que esto acabará en un problema jurídico mayúsculo que tendrá que resolver la Suprema Corte, incluso desapareciendo uno o varios poderes de Nuevo León.
Parece que ahora la notoria cercanía con López provoca violar la constitución y decir “No me vengan con que la ley es la ley”. Que pena, ya que muchos considerábamos que la gente de Movimiento Ciudadano se comportaba apegada al derecho, máxime que Samuel presume tener dos doctorados en derecho, pero parece que no llevó Derecho Constitucional.
Ellos se amparan en una suspensión provisional obtenida por un Juzgado de distrito especializado en materia laboral promovida por el Secretario General de Gobierno, contra la designación de un gobernador interino por parte del Congreso, cuando por el otro lado la Suprema Corte ya había dejado a salvo, insisto, la facultad del Congreso del Estado a realizar ese nombramiento.
¿Por eso digo, este tema va para muchos días y ojalá exista cordura de Samuel Garcia o acaso algo oculta para impedir que un externo entre a palacio? Mientras por su desempeño en la elección ya se ganó, como muchos otros gobernadores colaboradores de Morena, al menos una embajada al concluir su encargo.
