Las Naciones Unidas señala que la corrupción es “un fenómeno complejo y en evolución, asume muchas formas, es perpetrado por varios actores y tiene un impacto perjudicial en las estructuras políticas, sociales, culturales, e institucionales que impacta negativamente en las políticas económicas y afecta numerosos aspectos de la vida cotidiana”. El diccionario de la Academia de la Lengua Española, la define diciendo que “en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores”. “Es el abuso del poder público para obtener beneficio particular” (Kofi Anan).
De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción del año 2022, publicado por la organización no gubernamental “Transparencia Internacional”, México ocupa el sitio 126 de 180 con mayor percepción por la ciudadanía en corrupción. Por su parte, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021, 57.1% de la población consideró a la corrupción como uno de los problemas más importantes en su entidad federativa. Se ubicó solo por debajo del problema de inseguridad pública. En cuanto a las prácticas de corrupción, en 2021, 14.7% de la población de 18 años y más, fue víctima de algún acto de corrupción al realizar trámites o solicitar servicios públicos.
Por ello, nos encontramos en uno de los momentos más críticos para lograr que el Sistema Anticorrupción creado en Jalisco, brinde los resultados esperados: la implementación y evaluación, principalmente a nivel municipal.
En el estado de Jalisco, en los últimos años, tenemos significantes avances en el marco legal y normativo en materia de combate a la corrupción y rendición de cuentas, llevado a cabo reformas constitucionales, se reformaron leyes de responsabilidades administrativas, fiscalización, justicia administrativa, extinción de dominio y el código penal.
Reformas que reflejan que en el “Informe sobre el Combate a la Corrupción en México”, presentado en días pasados por el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, en el cual, en el rubro de Evaluación de cumplimiento de mandatos para las entidades federativas, Jalisco satisface cada uno de los puntos evaluados, con excepción del relativo a protección a denunciantes, informantes, testigos y afectados por hechos de corrupción; rubro en el cual el Comité de Participación Social Estatal, ha señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de su legislación, aunque los diputados dicen ya tenerlo en el horno.
Esto nos permite afirmar que en Jalisco somos punta de lanza y tenemos la gran responsabilidad de mantenernos en este nivel, ahora de la mano de todos los municipios del estado, para ello la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco establece, en su artículo 36, la posibilidad que los municipios puedan integrar y operar un Sistema Municipal Anticorrupción (SMA), el cual estará armonizados con los sistemas Estatal y Nacional Anticorrupción. Esperemos contar a corto plazo con un robusto sistema estatal con todos los municipios integrados, en beneficio de los ciudadanos, situación contrastante con el gobierno federal que tiene en el abandono el Sistema anticorrupción.
