La discusión que inútilmente generó la iniciativa presentada por una diputada del PRI, afín a Alejandro Moreno “Alito”, proponiendo modificar el artículo quinto transitorio del Decreto que reformó la Constitución Política publicada el 26 de marzo de 2019 creando la Guardia Nacional, que autorizó que el Presidente pudiera disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria durante los cinco años siguientes a, proponiendo prorrogar dicho plazo a nueve años, esto es, hasta el año 2028, así fue aprobada.
Ampliación irrelevante, porque el Presidente aun podía disponer de las fuerzas armadas durante dos años más (2024), pero era políticamente necesaria para López con el propósito de consolidar la ejecución de su plan para que la Guardia Nacional deje de depender de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, (además de salvar penalmente al dirigente del PRI a costa de nuestra seguridad y de las instituciones).
Actualmente enfrentamos una grave crisis de seguridad nunca vista, ya que, el gobierno de Morena equivocó gravemente la estrategia y nunca fortaleció como era su obligación a las policías estatales y municipales. Su errónea política de “abrazos no balazos” solo permitió que los grupos de la delincuencia organizada crecieran exponencialmente a lo largo y ancho del país. Es cierto, en este momento, el Ejército no puede salir de las calles, pero solo se debe dedicar temporalmente a labores de seguridad pública. No necesitamos de un Ejército dedicado a administrar aeropuertos, puertos, aduanas, a construir el Tren Maya, trabajando de albañiles en el tren y en la central avionera AIFA, etc. ¿Para qué apoyar una estrategia fallida que no funciona y está muy lejos de que funcione? En cuatro años no se ha otorgado a la sociedad la anhelada seguridad; es claro que el Ejército en la etapa final del sexenio no podrá cambiar este pésimo resultado sin una nueva estrategia.
¿Qué controles se pusieron para controlar a las fuerzas armadas a cambio de este cheque en blanco y un enorme presupuesto para el 2023? Prácticamente ninguno. Inclusive cuando solicitamos rendición de cuentas o información que por transparencia nos debería exhibir el ejército, el presidente los cobija reservando esa información bajo el argumento de la “seguridad nacional”.
El PRI nunca debió impulsar estas reformas, traicionado un pacto con el PAN y el PRD en el sentido de no aprobarle a López ninguna de las reformas constitucionales que tanto anhela. Felicitamos a los dos diputados del PRI que votaron en contra de esta ampliación de plazo: Sue Ellen Bernal Bolnik y José Francisco Yunes Zorrilla, y una abstención de Ana Lilia Herrera (quien no se animó a votar en contra para que no se le escape su candidatura), dos ausencias, y 64 penosos votos, fueron el apoyo de Alito a esta terrible iniciativa.
El mejor voto fue de la diputada Inés Parra Juárez, del partido Morena, quien se pronunció en contra porque señaló: “no puedo estar con la militarización en México a cambio de impunidad, que pretende Alito; solo realizaré una pregunta al Ejecutivo federal desde la casa del pueblo: ¿acaso también se cambió de opinión con relación al combate a la corrupción.”
Confiamos en que el senador Osorio Chong y su grupo voten en contra, ya que sin su voto esta reforma constitucional no pasa.
Felicitaciones a Juan José Frangie por su primer informe al frente de Zapopan.
Héctor Romero Fierro
