Uno de los temas más discutidos en el sector eléctrico ha sido la definición de las tarifas de electricidad de los sectores industrial, comercial y de servicios. En la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que tengo el honor de presidir, abrimos un diálogo permanente con la industria eléctrica nacional sobre el fundamento de la nueva metodología para calcular sus tarifas. Y más recientemente, hemos conversado con los legisladores sobre su aplicación y los dilemas que plantea para el Estado mexicano.
La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) estableció que la CRE debía emitir tarifas eléctricas basadas en costos, con el objetivo de cumplir con los principios de competencia y eficiencia que emanan de esta ley. Esto significó que como Estado debíamos reconocer y transparentar el costo de la electricidad en toda la cadena de valor para reflejarlo en las tarifas industriales. Como en cualquier mercado, se buscó que el precio reflejara los costos para resolver gran parte de las ineficiencias que se acumularon bajo el modelo de proveedor único que persistió durante décadas.
En cumplimiento de la LIE, en noviembre del año pasado, el órgano de gobierno de la comisión determinó por primera vez las Tarifas Finales de Suministro Básico aplicables a los sectores industrial, de servicios y comercial, tras un largo análisis realizado en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de su filial de suministro de servicios básicos.
Se decidió que las Tarifas Finales del Suministro Básico dependieran del costo de las tarifas reguladas por la CRE (transmisión, distribución, operación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), operación del suministrador de servicios básicos y los servicios conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista); del costo de la energía de los contratos legados establecidos por la Sener, de los que se obtiene la mayor parte del costo de generación; de los precios de la energía eléctrica en el mercado; y del subsidio, que en su caso aplique la SHCP para determinados grupos de usuarios.
Un aspecto relevante de la metodología es que reconoce únicamente los costos eficientes de la CFE en generación, transmisión, distribución y suministro básico, para evitar que los sectores industrial, comercial y de servicios asuman costos que son responsabilidad exclusiva de la CFE.
Este cambio trascendental dio pie a una amplia discusión con diversos grupos empresariales, a raíz de facturaciones atípicas que reflejaron incrementos significativos a principios de 2018. Tomando en cuenta ese efecto, la CRE ajustó el método de cálculo para evitar variaciones abruptas, solventando aquellos casos atípicos a lo largo del año.
En cualquier caso, lo que quedó claro con la aplicación de esta metodología fue el alto costo que tiene la electricidad y que ahora se ve reflejado en los recibos de los industriales. Gracias a la transparencia que promueve el método, por primera vez sabemos los costos en cada eslabón de la cadena y tenemos una idea clara de lo que implica para la CFE suministrar a los sectores industrial, comercial y de servicios.
Como resultado de la aplicación de la metodología, autoridades y grupos empresariales hemos concluido que en la medida en la que podamos tener un sector eléctrico más eficiente, seremos capaces de abastecer la demanda presente y futura de todos los mexicanos a un costo que permita que las empresas compitan y generen un mercado robusto. Pero, ¿cómo superar las ineficiencias que hoy es posible conocer, afectando lo menos posible a los sectores productivos?
La respuesta no es sencilla pues el Estado Mexicano enfrenta un dilema que debe resolverse de manera balanceada. Las tarifas industriales son como una cobija, si la jalas hacia un lado, destapas a la CFE; y si la jalas hacia el otro destapas al sector industrial. Por lo anterior, el Estado tiene que guardar un equilibrio tomando en cuenta las herramientas que tiene a su alcance para garantizar competitividad a la industria y sustentabilidad a la CFE.
Con independencia de las tarifas resultantes de la nueva metodología definida por la CRE, la LIE establece que el Ejecutivo puede determinar tarifas diferentes a los usuarios finales mediante la definición de la política pública que crea más conveniente. Los instrumentos que tiene a su disposición para definir dichas tarifas diferentes a las de la CRE son programas de apoyo a través de subsidios establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Desde mi punto de vista, los altos costos de la electricidad no se resuelven modificando la metodología que, en última instancia, es un reflejo –objetivo y transparente— de los costos de generación, transmisión, distribución y operación. Al contrario, este método ayuda a identificar los eslabones más débiles para fortalecerlos con inversión y modernización en el sector.
Como he insistido en otros foros y discusiones, México requiere de tarifas que den las señales correctas para que las empresas en el sector eléctrico, incluida la CFE, encuentren atractiva su participación en la cadena de valor. Ese objetivo se alcanza con las tarifas basadas en costos que actualmente se utilizan.
Si como resultado del reconocimiento de costos se tienen tarifas más altas, el Estado puede echar mano de la política pública mediante programas o subsidios y proteger a los segmentos de la población que crea conveniente. Aquí vale la pena preguntarse si el subsidio generalizado es la mejor opción o si el subsidio debe estar mejor focalizado. Esa es una tarea que el Ejecutivo y el Legislativo podrán definir hacia adelante.
En conclusión, la definición de las Tarifas Finales de Suministro Básico aplicables a los sectores industrial, de servicios y comercial refleja la problemática que vive el sector eléctrico. La nueva metodología ha transparentado los altos costos de la electricidad señalando la necesidad de corregir ineficiencias.
Las facturaciones altas no se resuelven opacando nuevamente las tarifas, se resuelven invirtiendo, modernizando al sector y aplicando las herramientas que ofrece la política pública. La discusión sobre la aplicación de programas y subsidios será fundamental para dar soluciones de fondo a la realidad del sector.
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*Comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
