En febrero de este año el gobierno de México hizo entrega de 29 narcotraficantes al gobierno de Estados Unidos. Esto reavivó el debate nacional sobre la soberanía, la eficacia del sistema judicial mexicano y la percepción ciudadana respecto a estas medidas. Un par de meses después una figura prominente de este grupo delictivo (Ovidio Guzman) se entregó a las autoridades de Estados Unidos, al parecer para participar como informante. La extradición de narcotraficantes mexicanos hacia Estados Unidos ha sido una práctica frecuente en la cooperación bilateral en materia de justicia y combate al crimen organizado.
Parametria realizó una encuesta nacional en vivienda sobre el tema. Los temas abordados fueron la notoriedad del evento, la percepción sobre la cooperación o sumisión, el acuerdo o desacuerdo con la política de extradición y la confianza en la impartición de justicia en México vs. Estados Unidos.
Una mayoría significativa de los encuestados manifestó haberse enterado del envío de narcotraficantes a Estados Unidos, lo que indica un alto nivel de cobertura mediática y conciencia pública sobre el tema. Este dato contrasta con encuestas anteriores (como en enero de 2007 cuando hubo un evento similar), lo cual sugiere que la extradición se ha convertido en un tema de interés recurrente y sensible.
Uno de los puntos más polarizantes fue la pregunta sobre si este acto representa cooperación o sumisión del gobierno mexicano. Esta percepción refleja una tensión constante en la relación bilateral. Para muchos ciudadanos, colaborar con EE.UU. es sinónimo de fortalecer la justicia; para otros, es evidencia de debilidad estructural del Estado mexicano y su incapacidad para juzgar a sus propios criminales.
Una parte importante de los encuestados está de acuerdo con la política de extradición, mostrando una desconfianza implícita en las instituciones nacionales de justicia. Este dato es relevante, ya que el respaldo ciudadano puede legitimar decisiones ejecutivas que, de otro modo, serían políticamente costosas.
La mayoría consideró que la justicia será mejor impartida en EE.UU. que en México. Este hallazgo es revelador y preocupante: refleja una crisis de legitimidad del sistema judicial mexicano, marcado por la impunidad, corrupción y debilidad institucional.
México tiene un tratado de extradición vigente con Estados Unidos desde 1978, que establece mecanismos formales para el traslado de personas buscadas por la justicia. Sin embargo, la extradición también ha sido objeto de tensiones constitucionales, especialmente cuando implica a ciudadanos mexicanos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que la extradición es constitucional siempre que se respeten los derechos humanos y el debido proceso. En 2001, el caso de Javier Arellano Félix evidenció la complejidad del tema: se cuestionó la posibilidad de extraditar sin garantías de que no se aplicaría la pena de muerte, lo cual está prohibido en México.
El apoyo popular a la extradición no debe entenderse como respaldo incondicional al gobierno, sino como una expresión de desesperanza frente al sistema penal mexicano. Casos como el de Joaquín “El Chapo” Guzmán —quien se fugó dos veces de cárceles de máxima seguridad en México antes de ser extraditado a EE.UU. en 2017— alimentan la percepción de que solo en el extranjero se puede ejercer justicia real.
Según datos del World Justice Project (2023), México ocupa el lugar 115 de 142 países en el índice de Estado de Derecho, con puntuaciones bajas en los rubros de ausencia de corrupción, cumplimiento regulatorio e impartición de justicia penal. Estos indicadores explican por qué la opinión pública tiende a favorecer la extradición.
Si bien la extradición es eficaz para sacar del juego a criminales de alto perfil, también tiene efectos colaterales preocupantes. De acuerdo a los especialistas estás consecuencia pueden ser, entre otros: la fragmentación de cárteles, la eliminación de líderes puede generar luchas internas y mayor violencia regional; la pérdida de información estratégica porque al ser juzgados en EE.UU. los criminales dejan de cooperar con autoridades mexicanas y esto limita las investigaciones locales; la deslegitimación de las instituciones; y finalmente la dependencia en el sistema estadounidense puede perpetuar la debilidad del aparato judicial mexicano.
De acuerdo a los especialistas en el tema de impartición de justicia para lograr una estrategia más equilibrada y soberana en materia de seguridad y justicia, se podrían: reforzar las instituciones de justicia penal: profesionalización, presupuestos adecuados y transparencia; crear incentivos de colaboración con fiscales mexicanos, para que la información recabada en EE.UU. tenga efectos en procesos nacionales; rendir cuentas a la ciudadanía; garantizar que cada extradición se sustente en criterios legales, no sólo políticos o diplomáticos.
La extradición de narcotraficantes refleja tanto un acto de cooperación internacional como una confesión tácita de la debilidad estructural del Estado mexicano. La encuesta nacional de Parametria de mayo de 2025 revela una ciudadanía informada pero escéptica. Si bien muchos avalan esta práctica, lo hacen más por resignación que por convicción. En este contexto, la extradición debe ser una herramienta complementaria —no sustitutiva— del fortalecimiento interno de la justicia en México.
