A dos meses de la elección presidencial de 2012, en el cuarto de estrategia del candidato Peña Nieto se discutió sobre el posible resultado de la elección. La encuesta interna a cargo de GCE anticipaba una diferencia favorable de un dígito; las encuestas “públicas”, algunas financiadas por la misma campaña, referían como “consenso” una ventaja superior a los 14 puntos y consecuentemente un triunfo acompañado de la mayoría absoluta en la Cámara. El “error sistémico” fue la asignación de los encuestados que no expresaban preferencia. GCE demostraba que la mitad de esos eran votos contrarios, la mayoría a favor de López Obrador. El desenlace probó el “error” de esos encuestadores que consideraron como abstencionistas a esos encuestados.
Algo semejante está por ocurrir, pero por diferentes consideraciones. La atención pública es la integración de la Cámara. El nuevo “consenso” de los encuestadores es que el partido gobernante obtendría entre 44 y 46 por ciento de los votos. Si se excluyeran los votos nulos, y los ocho puntos de sobre representación, el Morena obtendría 55 por ciento de las curules, esto es, 275 diputados, muy arriba de la mayoría absoluta.
Lo expuesto es un error y un nuevo engaño, por no considerar tres aspectos: primero, la superposición de las elecciones locales, las que tienen mayor peso —ayuntamientos, alcaldías y gubernaturas— en la determinación del voto; segundo, el precario voto diferenciado; y tercero, no se puede encuestar solo siglas de partidos sin considerar candidatos.
La competencia local lleva a la dispersión del voto. Son muy pocos los casos en los que el ganador prevalece con más de 45 por ciento de los votos. Esto lo saben los encuestadores, por lo que es cuestionable que avalen escenarios de integración a partir de encuestas nacionales, sin control de muestra y sin candidato.
Si se atiende a lo que está aconteciendo en los comicios locales, el Morena habría de obtener, en el mejor de los casos 38 por ciento de los votos, es decir, aproximadamente 46 por ciento de la Cámara, 230 diputados. Sus asociados tendrían que ganar muchos distritos para que esa coalición alcanzara la mayoría absoluta, situación por verse.
Quizás este escenario es el que haya movido al presidente López Obrador a emprender un activismo legislativo, desacreditar al INE y tomar decisiones no solo discutibles, sino claramente inconstitucionales. Lograr la mayoría calificada, las dos terceras partes, es un escenario imposible y, por lo mismo, sin posibilidad de cambios constitucionales.
Con la pérdida de mayoría el gobierno tendría dos caminos: el de la negociación, el menos probable, o el del gobierno por decreto. La cuestión es que los asociados se encarecerían más a la vista de la sucesión presidencial y la situación se complicaría todavía más, especialmente en la aprobación del presupuesto, si la coalición gobernante no alcanzara la mayoría absoluta.
Federico Berrueto
@berrueto
