La no violencia lleva a la más alta ética,
lo cual es la meta de la evolución.
Hasta que no cesemos de dañar
a otros seres vivos, somos aún salvajes.
Thomas Edison
Las armas que llegan a México de manera ilícita desde nuestra frontera norte no son fabricadas solo en Estados Unidos. Aproximadamente 30% de ellas, en números cerrados, proviene en su mayoría de seis productores de armas europeos, según registros de los últimos cinco años. Algunos de ellos han establecido fábricas en Estados Unidos por la laxitud de sus regulaciones. Otros más efectúan regularmente exportaciones a armerías estadunidenses con licencias para su venta al público.
Se trata de 5 mil 658 armas producidas en España con 23% del total de los artefactos asegurados en México (principalmente Star de Bonifacio Echeverría, y Llama, Gabilondo y Cía); 4 mil 280 armas de Italia con 20% del total (Leonardo S.p.A., Tanfoglio SNC, Benelli y Pietro Beretta —con ventas de 50 millones de euros en la última década, según un estudio del Observatorio Permanente de Armas Largas y Políticas de Seguridad); 3 mil 395 armas de Rumania y 14% del total (Romarn, Cugir); 2 mil 967 armas de Austria y 12% (Glock, fabricada en EU/GmbH); 2 mil 749 de Alemania y 12% (Walther); mil 904 de Bélgica y 8% del total (principalmente Browning de alto calibre, producido en EU); y 4 mil 39 armas de otros 19 países europeos.
Los principales cruces fronterizos de armas europeas registrados por las autoridades de EU y México fueron: California/Baja California; Arizona/Sonora, Sinaloa y Baja California; y desde Texas, básicamente procedentes de Italia, con destino en Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León.
De las 24 mil 992 armas europeas aseguradas en México entre 2014 y 2019, en su mayoría de los países mencionados, 77% correspondió a armas cortas: casi 8 mil llegaron a través de EU y más de 11 mil 500, por otras vías. Por su parte, se registraron más de 3 mil 500 armas largas europeas que llegaron vía Estados Unidos y más de 2 mil que no provinieron de la frontera norte.
En particular, las armas procedentes de Rumania entraron a Estados Unidos por los estados de Maine, Nuevo Hampshire, Vermont y Connecticut con destino a Tamaulipas, así como a través de Texas y Arizona. Los otros estados de la Unión Americana importadores de armas europeas que han ingresado ilícitamente a México son Virginia, Florida, Illinois y Tennessee.
En el caso de Alemania, se trata del cuarto exportador mundial de la industria de armamento en 2018, con EU como su segundo comprador con 525 mil millones de euros. Dadas las restricciones en Alemania, que prohíben la venta a individuos u organizaciones privadas, algunas de sus empresas se han establecido en EU.
También, hay armas europeas que han llegado de manera directa a México por vía marítima a través de los puertos de Lázaro Cárdenas en Michoacán, Altamira, en Tamaulipas, y Manzanillo, en Colima. En su mayoría son fabricadas en España e Italia y aseguradas en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Estado de México, mientras que una gran parte de las armas alemanas, italianas y austriacas ha sido asegurada en el Estado de México. Por ello, con todos estos países, en colaboración con Europol, hemos propuesto diversas medidas de cooperación para evitar el ingreso ilegal de estos pertrechos a nuestro país, tanto por nuestra frontera norte como de manera directa.
Perspectiva a inicios de 2020
El gran flujo de armas que circulan libremente en el mercado estadunidense desde 2004 ha agravado la crisis de violencia en nuestro país, atraído a productores europeos a instalarse en el mercado estadunidense, y generado un creciente número de decesos de civiles inocentes en Estados Unidos, aun cuando estados como California, Illinois, Massachusetts y Nueva York son los que tienen más restricciones para su venta y, más recientemente, Virginia.
Cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2019 confirman que en el hemisferio americano se siguen concentrando altas tasas de homicidios con armas de fuego, especialmente de jóvenes entre 18 y 19 años, estimadas en 46 por 100 mil —con 41 por 100 mil en Honduras y 50 por 100 mil en El Salvador—, donde 70% de los homicidios es causado por armas de fuego, frente a 28% en África o Asia. Por su parte, México ocupa el séptimo lugar como el país con más armas de fuego en manos civiles en dicho hemisferio.
La solución que en algún momento enarboló la Iniciativa Mérida iniciada durante el gobierno del presidente Calderón, mediante el incremento de armas de fuego a las fuerzas armadas mexicanas, implicó un crecimiento exponencial de las exportaciones de armas estadunidenses a fuerzas de seguridad de nuestro país, las cuales se han mantenido elevadas, sin detener la violencia y muertes por este tipo de pertrechos.
A esta estrategia de combate a la delincuencia con mayores niveles de fuego, que implicó una escalada en espiral de muertes y delincuencia, se sumó en el sexenio pasado la laxitud de controles al tráfico de armas ilícitas, incluido el retiro de la llamada “segunda frontera” que mantenía inspecciones al interior del país en las principales rutas de trasiego.
Los resultados de ambas medidas fallidas son fulminantes. Un estudio del Epidemiol Community Health de 2017 revela que la esperanza de vida en México cayó, por primera vez desde la Revolución Mexicana, de 0.5 a 2 años de vida, como consecuencia de la violencia armada en los estados más violentos del país. Esto sucedió a partir de 2005, cuando se derogó en Estados Unidos la prohibición a la venta de armas de asalto.
Ciertamente, un mayor flujo de armas legales e ilegales a México, como el que al parecer la administración Trump decidió impulsar desde 2019 por medio de reformas a regulaciones que podrían ayudar a las empresas fabricantes a vender y exportar más artefactos de uso militar, no es la solución contra la violencia.
La nueva iniciativa del Ejecutivo estadunidense involucra licencias de exportación para armas semiautomáticas y sus municiones, al igual que para otras de gran calibre, las cuales dejarían de estar a cargo del Departamento de Estado y pasarían a la supervisión del Departamento de Comercio, sin control del Congreso estadunidense.
Con este cambio —que estuvo en evaluación del Senado de EU hasta el pasado 14 de diciembre y contra el cual se han expresado diversos congresistas y senadores— se estima un incremento de las exportaciones de armas de asalto estadunidenses de 20%, el cual sumaría 300 mil elementos al año. En otras palabras, se trata de una nueva liberalización regulatoria que, lejos de solucionar la falta de control, pone a disposición pública armas de mayor impacto letal.
Más allá del hecho de que la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos respalda este tipo de iniciativas con cuantiosos recursos —21 millones de dólares en la campaña presidencial pasada y 36 millones para la de este año, según la organización Open Secrets—, de entrar en vigor esta nueva disposición, aumentará también la posibilidad de que armas de mayor calibre lleguen a manos criminales en México, elevando su capacidad destructiva y fomentando el ciclo de violencia y muertes en nuestro país.
El operativo conjunto entre México y Estados Unidos iniciado a finales de 2019 es un primer paso en el sentido correcto. No obstante, hay mucho por hacer. Seguiremos trabajando en diversos frentes en 2020 con el apoyo de diversos países y nuestra red diplomática y consular.
* Jefe de la oficina del canciller
