A escasa media hora de Guadalajara, en el Estado Libre y Soberano de Jalisco, constituido el 18 de noviembre de 1824 bajo la directriz del patriota republicano Prisciliano Sánchez, en el marco de referencia del Acta Constitutiva de la Federación de Anáhuac que firmó meses antes: el 31 de enero de ese año, ahí se encuentra el fértil y amable municipio de Zapotlán del Rey.
Todo un símbolo nominal de las reminiscencias que nos quedan todavía de los tiempos virreinales de la Nueva Galicia en esta sociedad republicana.
La palabra “real” significaba entonces precisamente: la propiedad pública del subsuelo. Reales eran las minas. Quienes las explotaban extrayendo sus minerales pagaban al rey los derechos correspondientes (no impuestos) a lo extraído.
Esta modalidad jurídica esencial quedó preservada en lo fundamental desde 1821 por el patriota Francisco García Salinas “Tata Pachito”, primero como fundador del sistema rentístico de la República, Ministro federal de Hacienda en 1827-28 y después Gobernador de Zacatecas. Uno de los mejores gobernadores de la historia de México.
Bajo la rectoría económica del Estado, Zacatecas alcanzó en esos primeros años republicanos una bonanza económica envidiable de alta producción y con empresas en manos de los propios trabajadores: manufacturas de seda, lana, algodón y, por supuesto, minería.
Después de la larga paz porfiriana en la que, al decir de don Justo Sierra (nada menos que su Ministro de Educación y Justicia) “cuatro quintas partes de los mexicanos son parias y no tienen derechos”, o sea: son peones sin tierra, sin escuela, sin médico, sin vivienda propia y, por supuesto, sin ciudadanía, entonces la Revolución rescata e incorpora en el nuevo Pacto Nacional el principio de la propiedad pública del subsuelo.
Dice el texto original de Querétaro: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas y yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como minerales de los que se extraigan metales…”. O sea: los reales.
Seguramente a eso se deba que Petróleos Mexicanos desde hace 40 años, al menos, ha venido aportando de sus ganancias brutas hasta más del “quinto real” al presupuesto de la Federación.
La Secretaría de Hacienda les llama: DUC, o sea: derechos de utilidad compartida; y encima viene el oprobio: en la contabilidad final hace que aparezca con números rojos e ineficiente.
Los “reales”, sólidos, líquidos o gaseosos, siguen altamente codiciados. Ya hemos visto cómo hace unos días, en Estados Unidos, 43 legisladores federales, de ambas cámaras y de ambos partidos (podrá verse los intereses populares que defienden) enviaron una carta a su todavía presidente para que, en los términos del nuevo T-MEC, presionara y reclamara al gobierno de México el acceso paritario de sus empresas extractivas a los reales de México.
El Ejecutivo federal de este lado tuvo que aclarar que uno de los cambios fundamentales en el tratado fue precisamente dejar clara y establecida la propiedad originaria de la Nación sobre los “reales”.
