Naciones Unidas, o sea la ONU, es una organización humana extremadamente paradójica. Por un lado, el Consejo de Seguridad, su verdadero órgano de decisión para el mantenimiento de la paz mundial (que fue su expresa razón de ser en 1945) no hace más que perpetuar y dar forma jurídica con crudo realismo a la correlación geopolítica mundial, excluidas las dos potencias derrotadas en la Segunda Guerra Mundial: Japón y Alemania. Ya vemos ahora el resurgir mundial de Rusia y China como potencias. Los 5 miembros permanentes y con poder de veto son: China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia; o sea: las potencias.
Por la otra parte, los organismos especializados de Naciones Unidas han hecho desde entonces, 1945, importantísimas contribuciones a la paz y al desarrollo armónico de la convivencia y de la cooperación internacional para la Humanidad en su respectivo ámbito de competencia y en favor de los derechos humanos.
Organismos tales como la UNESCO, o sea el órgano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o la OIT: la Organización de N. U. para el Trabajo, o la Organización Mundial de la Salud, o la de Meteorología, la de la Aviación Civil, de Comercio, OMS: la de Salud, la FAO o sea de Alimentación y Agricultura, y otras.
Entre ellas, de manera relevante, la UNICEF, es decir la fundación para la Niñez, toma ahora especial relevancia y liderazgo moral. Ese liderazgo tiene también consecuencias jurídicas en cascada: desde acuerdos internacionales, que conducen a legislaciones nacionales; y de ahí derivan a la ley estatal y a obligaciones municipales.
En este marco de referencia, se constituyó este pasado lunes 11 de enero la Comisión Interinstitucional del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, integrada por 14 funcionarios.
En esa primera sesión, que podría parecer una de tantas ceremonias insulsas y vacías de contenido real, se ofrecieron informes no muy alentadores acerca de la niñez jalisciense.
Al presentar el Análisis de la Situación de la Infancia en el Estado de Jalisco, la investigadora Xóchitl Meseguer Lemus recordó: “Luego dicen que los muchachos no van a la escuela porque están lejos, en comunidades aisladas, pero 60 por ciento de exclusión educativa ocurre en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara”.
No exagera la doctora Meseguer. En efecto, el propio secretario de Educación, el maestro Francisco Ayón ha declarado repetidamente que el gobierno del Estado no está en capacidad de cumplir su obligación constitucional de contar con la estructura material de escuelas adecuadas antes de 2018.
Dándole voto de credibilidad, quiere decir que en todos estos 6 años no podrá hacer lo que tiene que hacer. No está de más recordar aquí que a cada derecho humano corresponde por lógica una obligación ineludible de la autoridad. Dicho de otro modo: el gobierno de Jalisco está fallando a los niños de Jalisco.
El 3 de septiembre de 2015, el Congreso de Jalisco aprobó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, que fue publicada el 5 de septiembre y entró en vigor el 1° enero de 2016.
Dicha ley estatal corresponde a la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada de forma unánime por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 y ratificada por el Senado mexicano en 1990.
Los cuatro principios fundamentales de la Convención son: la no discriminación; la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño.
También en la Ley estatal se cita reiteradamente el concepto de “sobrevivencia” de la niñez. En este punto México en lo que general y Jalisco en particular se encuentran en una escalofriante situación. Que además es para enfurecer en su máxima expresión, estilo caprino.
No se puede soslayar aquí una realidad que tantas veces hemos mencionado en este espacio de expresión ciudadana: México mantiene apenas reducido un vergonzoso índice de mortalidad infantil, que triplica el índice de países como Cuba, Portugal o Italia. Estamos hablando de niños nacidos vivos, que dejamos morir por enfermedades perfectamente curables con la medicina actual. Dicho con crudeza: homicidios por omisión del Estado mexicano incompetente.
En el cuaderno titulado Los Derechos de la Infancia y Adolescencia en México, publicado por UNICEF en colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, y coordinado por la doctora Isabel Crowley, representante de UNICEF en México, se documenta, citando al INEGI con las cifras de 2013, que nuestro país tiene una tasa promedio de 13.0 y Jalisco de 10.7 niños muertos por cada mil nacidos.
El promedio, como queda claro, siempre es engañoso. Porque Tlaquepaque, por ejemplo, se equipara con la tasa nacional.
P.D. “La presidenta de Tlaquepaque no está sola” Enrique Alfaro.
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