El 1 de mayo de 2025, el Gobierno federal anunció lo que parecía inevitable: la jornada laboral en México se reducirá de 48 a 40 horas semanales. Lo hizo en la fecha simbólica en que se recuerda a los trabajadores de Chicago que en 1886 exigieron las ocho horas laborales. Sin embargo, a diferencia de aquel movimiento obrero, este cambio no será producto de una lucha frontal, sino de una imposición gradual.
El secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, informó que la medida se aplicará escalonadamente hasta enero de 2030. Antes, entre el 2 de junio y el 7 de julio, se realizarán foros tripartitos con empresarios, trabajadores y gobierno. Pero la decisión de fondo —reducir la jornada— ya está tomada.
El debate no es si se reducirá la jornada, sino cómo. ¿Será a través de la modificación del esquema de días laborables, pasando de 6x1 a 5x2? ¿Se establecerá un tope de 40 horas sin importar si se trata de jornada diurna, mixta o nocturna? ¿Se aplicará por igual a todos los sectores, industrias y tamaños de empresa, o habrá diferenciaciones?
Las PYMES, el sector de la vigilancia y la manufactura —que dependen de turnos largos o ininterrumpidos— serán los más afectados si no existen apoyos específicos. Además, sigue pendiente una reforma integral al marco legal, que permita transitar de un sistema rígido basado en jornadas semanales a uno flexible centrado en horas, lo cual facilitaría acuerdos entre empleadores y trabajadores sin los vacíos legales actuales.
Las consecuencias ya asoman. Las empresas deberán ajustar sus procesos, invertir en tecnología y evaluar nuevas contrataciones. Los trabajadores enfrentarán el reto de mantener la productividad en menos tiempo, quizá sin el complemento que representaban las horas extra. Y el gobierno tendrá que medir cuidadosamente el impacto sobre la inversión extranjera: pagar lo mismo por menos tiempo sin certeza en la eficiencia productiva podría espantar capitales.
Además, se ha planteado ratificar el Convenio 47 de la OIT, que fija en 40 horas la jornada máxima y elimina la posibilidad de ajustes futuros. Sólo 15 países lo han hecho. Grecia, en crisis, volvió a las 48 horas en 2024. ¿Está México en condiciones de renunciar a esa flexibilidad?
No se puede ignorar que formamos parte del bloque comercial con EE. UU. y Canadá, países que sí aplican jornadas de 40 horas… pero con criterios de excepción en el pago de horas extraordinarias. Estados Unidos, además, presiona para repatriar empresas y reducir su dependencia de la producción mexicana. ¿No es riesgoso, entonces, imponer una reforma sin contemplar todos los escenarios?
Reducir la jornada es una bandera histórica, pero también un cambio estructural que puede desatar efectos no previstos: más informalidad, pérdida de empleos y menor inversión. La intención es loable, sí. Pero el momento, el contexto y la forma importan tanto como el fondo.
