La revocación de mandato presidencial es un instrumento poco común en las democracias. En Estados Unidos existen revocaciones (recall) a nivel local. El último fue la posible revocación al gobernador de California, Gavin Newson. En Canadá, el famoso recall se ha implementado en elecciones locales en Alberta y la Columbia Británica. Sin embargo, a nivel de jefatura estatal, sólo tenemos dos antecedentes. El primero, en 2004, Hugo Chávez logró quedarse en la Presidencia luego de que la oposición activara la revocación de mandato. Chávez obtuvo el 60% de los votos con una alta participación del electorado: 70%. En 2008, Evo Morales impulsó la revocación de mandato tras las pugnas políticas con los estados del oriente de Bolivia. Más del 83% del electorado participó y dos de cada tres optaron por no revocarle el mandato a Evo. Países como Ecuador también tienen incorporado el instrumento en su marco jurídico, pero no ha sido puesto en marcha.
En la mayoría de los sistemas presidencialistas del mundo, la destitución de un jefe de Estado sólo puede ser producto de una falta grave y a través de un proceso de impeachment o juicio de destitución en el Poder Legislativo. Dilma Rousseff perdió así su cargo luego de que la trama de corrupción conocida como Lava Jato supusiera una destitución fulminante en el Congreso brasileño. En los llamados regímenes parlamentarios, la destitución de un jefe de Gobierno se da a través de un voto o una moción de censura. Mariano Rajoy, en España, fue destituido luego de perder la mayoría en las Cortes tras las revelaciones de la operación Kitchen. Una serie de complicidades al interior del Partido Popular para borrar o manipular evidencia relacionada a casos de corrupción. Así, pues, la revocación de mandato es una rara avis.
Si analizamos la historia de la revocación de mandato, es posible extraer una conclusión: ha sido implementado por regímenes que comenzaban su camino hacia el autoritarismo. Me refiero a nivel presidencial. Tanto en el caso venezolano como en el boliviano, la revocación de mandato supuso un antes y un después para las débiles democracias de ambos países. No sólo en materia electoral, sino también en la vulneración de las libertades que cimientan la democracia misma. Chávez interpretó el resultado de las urnas como un aval para arrasar con todas las instituciones del país. Un Chávez envalentonado y justamente indignado con Washington por haber avalado el Golpe de Estado de 2002, comenzó su ofensiva contra el pluralismo, terminó de cooptar al Poder Judicial y emprendió una feroz persecución a sus adversarios. En el caso boliviano, el contundente triunfo de Evo en el referéndum revocatorio fue el preludio de la redacción de una nueva constitución marcadamente iliberal. En el fondo: la revocación de mandato busca poner al pueblo frente a las instituciones. En momentos de debilidad política, supone instrumentalizar a una base de simpatizantes como antagonistas de la ley y el orden vigente.
Andrés Manuel López Obrador vive una situación política compleja. El equilibrio de fuerzas en el país no es el mismo que en la primera parte de su sexenio. Sigue siendo popular, pero tiene menos margen de maniobra. La elección intermedia de 2021 fue planteada -por el propio Presidente- en clave plebiscitaria: estás con el oficialismo o con la oposición. El resultado es que Morena y sus satélites se quedaron sin una mayoría suficiente para cambiar la Constitución. La oposición (PAN, PRI, PRD, MC) obtuvo más votos que la coalición oficialista (Morena, PVEM, PT). La fotografía de los comicios es de un México dividido casi en dos mitades iguales.
El problema para el Presidente es que se quedó sin músculo político suficiente para aprobar sus dos obsesiones: la reforma eléctrica y la reforma electoral. Para lograr ambas, el Gobierno necesita dos terceras partes. Por ello, López Obrador se ha dedicado a cercar al PRI para garantizar su apoyo. Lo ha hecho por las buenas (incluyendo a priistas en su proyecto o en embajadas) o por las malas (con críticas descarnadas desde el púlpito). El asunto de fondo es que sigue sin contar con los números y todo indica que la reforma eléctrica descarrilará en Semana Santa. Aún así, el presidente utilizará el “no” a su reforma como pretexto para tachar a la oposición de “traidora a la patria”. Un lenguaje belicista que es inaceptable en democracia.
Chávez y Evo interpretaron el revocatorio como se les dio la gana. Se enfundaron en la bandera del pueblo y comenzaron un ataque frontal contra el pluralismo, la ley y la democracia. Todo aquel que osara oponerse era calificado como un agente defensor de intereses extranjeras. El supuesto aval del pueblo se tradujo en la ilegitimación de la oposición en su conjunto. Es muy llamativo la similitud de los discursos. En estas últimas semanas, AMLO ha radicalizado su discurso contra cualquier que lo critica. Relativiza la ley porque entiende que tiene el aval del pueblo. “No me vengan con eso de que la ley es la ley” dijo en la mañanera del miércoles. Él representa a la patria pura y al pueblo olvidado, y por lo tanto sus fines deben justificar cualquier medio. Incluso si el medio es no democrático.
La fuerza del presidente dependerá, en gran medida, del porcentaje de votación. Al igual que en los tiempos del PRI hegemónico, sabemos quién ganará, pero Morena y sus aliados se juegan su capacidad de movilización. De los treinta millones de votos de 2018, ¿cuántos quedan? Como sostiene Andreas Schedler, incluso los regímenes autoritarios necesitan las elecciones para mantener vivo y polarizado a los ejércitos electorales. Me temo que el éxito del presidente es directamente proporcional al riesgo de desmantelar las instituciones electorales. El relato es claro: si gano es a pesar del INE. El lunes 11 de abril, el presidente comenzará su cruzada en contra de la organización autónoma de las elecciones. La idea no es destruir al INE, sino convertirlo en un vasallo de sus designios y su voluntad. Lo hizo y lo logró con la Comisión Nacional de Derechos Humanos que es hoy una institución al servicio de Presidencia. Como bien sostiene Carlos Bravo Regidor, la revocación de mandato sirve como mensaje que contrapone al pueblo con las instituciones de la democracia. Este aparente antagonismo entre el pueblo y la ley, entre el pueblo y sus instituciones, es la semilla que ha destruido muchas democracias.
Enrique Toussaint
