Política

Impunidad en horario estelar

Enrique Toussaint. Impunidad en horario estelar
B.

Habitamos la era de las imágenes. Todo se explica con ellas. El meme. Dice Byung Chul-Han, el agudo filósofo coreano: “la guerra de los memes indica que la comunicación digital favorece cada vez más lo visual sobre lo textual. Ni el discurso ni la verdad son virales”. Una imagen vale más que mil palabras. Instagram o Tik Tok son el encumbramiento de la imagen. En política, los escándalos son vídeos, imágenes o pantallazos. Dicen todo; no hace falta agregar nada.

La difusión de videos e imágenes pueden ser una valiosa herramienta para desnudar las miserias del poder, pero también pueden ser una inyección de anestesia social. Una novela o una serie de Netflix que se agota en el entretenimiento del personal. En la indignación selectiva y en la impunidad estructural.

La Hora del Jaguar de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, es una gran idea comunicativa, pero una pésima idea en términos de legalidad y democracia. La cúspide de este modelo de comunicación es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A través de la difusión de imágenes y videos, Bukele utiliza la incorrección política como escudo para violar la ley. Se permite la crueldad por un supuesto bien mayor: combatir a las mafias que atemorizan a los salvadoreños. La señora Sansores parte también de la premisa maquiavélica (el fin justifica los medios): remover, eliminar, destruir al enemigo político bien justifica violar la ley. La gobernadora viola la ley en directo. En vivo. Y la anestesia del escándalo político normaliza la ilegalidad. Nos repite incesantemente que la política está por encima del orden constitucional.

La anestesia del escándalo funciona como mecanismos que garantizan la polarización y la ausencia de rendición de cuentas. El circo político mexicano se transforma en una permanente lucha en el fango. Cada uno prende su ventilador y apunta al adversario. La oposición se indigna por el cash de López Obrador, haciendo gala de la hipocresía: la política en México se hace con efectivo difícilmente rastreable. El Gobierno se indigna con Alejandro Moreno y sus patanerías hasta que lo doblan y, casi en automático, se convierte en prócer del cambio. Los vídeos y el espionaje sirven a la política, pero son inútiles para cambiar el sistema corrupto.

El caso de Pío López Obrador se mueve en estas arenas. El hermano del presidente fue exonerado por falta de pruebas. No se logró -o no se quiso- acreditar el origen o destino ilegal de los recursos. El vídeo es muy claro, pero después son los ministerios públicos quienes deben probar el ilícito. La prensa no es ni fiscalía ni tribunal. Un vídeo extraído ilegalmente no es una prueba. Una ilegalidad no puede ser un instrumento para hacer justicia. Es la pieza que permite la investigación. Lo mismo la difusión de los chats de la gobernadora de campeche: no sólo comete un delito al publicitarlos, sino también ella sabe que esas capturas de chats no son material probatorio de nada. Es el escándalo como objetivo, no como medio para provocar rendición de cuentas.

Detrás de esta maraña de declaraciones, mañaneras y escándalos, aparece la triste realidad: nada ha cambiado en este país. Y no me gusta ser cínico, pero las viejas impunidades se mantienen, aunque ahora aderezadas por la explotación política en vivo y en horario estelar. El panismo quiso descarrilar en 2006 a López Obrador a golpe de escándalos visuales. Aquella difusión fue un golpe en la línea de flotación de un precandidato presidencial que hacía de la honestidad valiente su principal argumento para alcanzar el poder. Sin embargo, no existía ningún afán democratizador. Ningún motivo para cambiar la perversa relación entre el dinero y el poder político. No hemos salido de esa cueva.

Alejandro Moreno “Alito” es millonario, pero ya es querido por el régimen. Impunidad. Ricardo Anaya está exiliado del país, la principal figura de la oposición, por unas declaraciones de Emilio Lozoya que nunca pudo sostener con pruebas. Pío y Martín López Obrador son declarados inocentes por una investigación que encabezó José Agustín Ortiz Pinchetti -titular de la FEPADE-, un abierto simpatizante de la autollamada Cuarta Transformación. Tras el ruido sólo queda lo mismo. Y peor: la ley es un adorno que sólo aplica si no eres útil al régimen o si hay réditos políticos que explotar.

Bien valdría despertar de la anestesia a la que nos somete el obradorismo y su política de comunicación. Una anestesia que se administra desde la mañanera y que se replica a golpe de escándalo y espionaje. Más que maravillarnos por el juego de esgrima política entre Sansores y Monreal, valdría poner la lupa en la tragedia que es una fiscalía que opera para los intereses presidenciales o la normalización del uso del malware Pegasus con fines políticos. O como el uso selectivo de la justicia supone que reformas estratégicas para el país como la eléctrica o la electoral estén en manos del extorsionado presidente del PRI. Voto o bote. Los sufragios que recibió el PRI para frenar las tentaciones de concentración de poder de López Obrador son el botín para negociar impunidad. Detrás del escándalo continuo se esconde la nada. O una nueva simulación que parte del exceso de transparencia. La impunidad que ahora se nos transmite y se nos restriega en horario estelar.

Enrique Toussaint
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