Confieso que no sigo a Chumel Torres. Sus posturas políticas y sociales me parecen deleznables. Sus comentarios navegan en los límites de la misoginia, el racismo y el clasismo. En un país con tanta pobreza, machismo y desigualdad me parece un error utilizar los instintos más salvajes de las audiencias para ganar seguidores. Sin embargo, una cosa es discrepar de un comunicador y otra cosa es pedir censura. Una cosa es debatir sus argumentos y otra es utilizar al Poder Judicial para silenciarlo. La senadora Bertha Caraveo ha decidido emprender una batalla jurídica contra el comunicador porque la llamó “estúpida y tarada” luego de criticar su defensa (bastante zalamera) del hijo del presidente tras los escándalos de la Casa Gris. La pregunta es: ¿Deben los tribunales actuar contra un comunicador porque llama estúpida a una diputada? ¿Deben ser los tribunales los que decidan qué se puede decir y qué no? ¿Existe un derecho del ofendido? ¿Dónde está el límite entre el insulto –que es natural en el debate público– y una conducta delictiva?
Parto de la idea de la dificultad, en cualquier democracia, de trazar los límites de la libertad de expresión. Qué discursos deben ser tolerados y qué discursos no deben ser tolerados. Es una línea muy delgada, y a veces difusa. No obstante, considero que en una democracia siempre debemos apostar por la maximización de las libertades. El Estado debe justificar fehacientemente cualquier recorte a las libertades de la ciudadanía. Es decir, que sólo en los casos más extremos la autoridad pueda decidir vulnerar las libertades que son constitutivas de una democracia. Por ejemplo, los discursos de odio por raza u orientación sexual deberían estar plenamente regulados y legislados. La incitación a la violencia también es una línea roja que nadie debería poder cruzar en impunidad. Y creo que los tribunales juegan un rol en que la libertad de expresión no devenga en libertad de calumniar. Defender la verdad es, sin duda, un límite para luchar contra la propagación de las noticias falsas que tanto envenenan a nuestras sociedades. Hasta ahí, creo, que todos de acuerdo.
Otra cosa muy distinta es el insulto. Insultar no debe ser un delito. Es reprobable, sin duda, pero en una sociedad libre el insulto no debe ser perseguido por los jueces. Cruzar esa línea nos puede llevar a un estado policial que persiga permanentemente las opiniones de comunicadores y no comunicadores.
El insulto es intrínseco a la libertad de expresión. A mí me insultan todos los días en redes sociales. Me han insultado colegas y perfiles anónimos. Convivimos habitualmente con el insulto. En un mundo perfecto, ¿así debería de ser? Pues claro que no. Ojalá todos nos dirigiéramos con formas exquisitas y delicadas. Sin embargo, esa no es la realidad. La realidad es que vivimos en sociedades polarizadas. Sociedades diversas. Y, en much0as ocasiones, el insulto existe en el debate político y mediático. Le reto a que ponga un debate en el parlamento británico. Se dará cuenta que los calificativos y los insultos vuelan de un lado a otro. Lea usted las rotativas británicas. O vea los cartones de la prensa francesa. O prensa la radio española más crítica. La democracia también debe tolerar el insulto. Y no existe un supuesto derecho a sentirse ofendido. La ofensa es una condición enteramente subjetiva. Sentirse ofendido no supone ningún delito.
Recordemos la frase de Voltaire: “no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Esa es la esencia de la libertad de expresión. Vivimos en un país polarizado en donde cada tribu defiende los derechos de sus clanes, pero le niega los derechos al de enfrente. En una sociedad democrática cualquiera puede criticar o alabar. Si Carlos Loret quiere ser crítico del Gobierno, la ley debe protegerlo. Si quiere insultar a AMLO, la ley debe protegerlo. No es el presidente una alteza serenísima a la que hay que rendir pleitesía. En el lado opuesto, también es libertad de expresión que Monero Hernández o El Fisgón crean que lo peor que le pasa a este país es Claudio X. González. Esos mismos moneros pueden creer que AMLO es un estadista nunca antes visto. Mientras no se incite a la violencia, la libertad de expresión debe ser todo lo ancha que se pueda. Sólo los fundamentalismos prohíben ofender al poder.
Lamentablemente Morena ha comenzado una pendiente autoritaria que puede ser muy peligrosa. Una pendiente resbaladiza: sabemos dónde empieza, pero no donde termina. Si la Fiscalía y los tribunales encuentran delito en las palabras de Chumel, el campo de la libertad de expresión se verá gravemente recortado. Una sentencia que podría marcar un antes y un después. No importa si te cae mal o si te cae bien el comediante, lo relevante es que nadie sea perseguido por lo que dice. Un insulto puede demostrar carencia de educación, pero en ningún sentido constituye un delito. Perseguir a las personas por la forma en que se expresan es sólo una excusa para limitar el derecho a la crítica y al disenso. La mofa y la burla han sido fundamentales para la democratización del país.
En México podemos tener muchas diferencias, pero deberíamos tener una coincidencia de inicio: la libertad de expresión es un bien sagrado. Cuando se pone la patria, la nación o la transformación como valores por encima de las libertades, nos aproximamos a la dictadura. Chumel ofende. Sí, sin duda. No obstante, el humor político tiene esa característica y sólo los autoritarismos buscan prohibir el humor. En las dictaduras, el Gobierno decide qué y cómo se dicen las cosas. En la democracia, son las audiencias las plenipotenciarias y la ley sólo debe entrar si hay delitos que perseguir.
Si Chumel vulnera líneas rojas deberían ser los ciudadanos los que censuren esos discursos. La ofensiva de Morena contra la libertad de expresión sea de comunicadores o de consejeros electorales es un paso más hacia un régimen que quiere libertades plenas para los suyos, pero que es incapaz de garantizarlas a quien discrepa del Gobierno. El caso Chumel, para bien o para mal, marcará un antes y un después para la libertad de expresión en México.
Enrique Toussaint
