De acuerdo con el Artículo 3º, fracción XV, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, relacionado, entre otras disposiciones normativas, al Artículo 5º, fracciones IV, IX y XI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “la violencia política contra las mujeres en razón de género […] es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.
Queda claro, entonces, que las opiniones vertidas contra el INE por sancionar al presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuestamente ejercer violencia política en razón de género contra Xóchitl Gálvez, sin que haya un proceso electoral carecen de fundamento. Pues, como se podrá apreciar en el citado texto normativo considerado como derecho humano, no es necesario que haya un proceso electoral para que dicha violencia se pueda ejercer.
Pero también ha quedado claro que López Obrador no ejerció violencia política en razón de género contra Xóchitl Gálvez porque, aunque en el expediente formalmente conste que sí hubo tal violencia, posteriormente, después de que el Presidente comparara en una mañanera lo que él dijo con lo que la resolución del INE dice que dijo, dicha institución ha reconocido públicamente que sí hubo alteración en lo dicho por el Presidente, obviamente, aunque así no lo dijo el INE, para sancionarlo por violencia política contra la mujer por razón de género.
En mala hora se comete en el INE tremenda pifia, sí de por sí pesa la desconfianza de miles de mexicanos –o tal vez millones– sobre el referido órgano autónomo facultado para organizar y vigilar las elecciones federales y procurar la justicia electoral, pues ahora, imagínese usted lo que podría suceder si no se encuentra una correcta salida a este desaguisado.
Ahora bien, es cierto que también por el lado de la oposición hay miles, y quizá millones, que a gritos exigen que el INE no se toque. ¡Claro, siempre y cuando decida todo a su gusto! Lo mismo acontece con la SCJN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; da la impresión de que, como los gladiadores del coliseo de Roma, los aplicadores de la ley voltean a ver en las decisiones que toman si el dedo pulgar apunta hacia arriba o hacia abajo.
Sería irracional que el debate impulsado desde las mañaneras sobre el proyecto de nación que desea la mayoría de los mexicanos, respaldado por más de 30 millones de votos, se detenga, como lo pretenden los que a gritos piden que ya no haya mañaneras. Por eso lo deseable es que haya prudencia en los aplicadores de la ley y en el INE, para no hacer de la legalidad y constitucionalidad una mascarada.
Dicho en otros términos, ante la situación de confrontación política que se vive en México hay que actuar con prudencia, que es como se debe actuar en los aludidos organismos, para lo cual se necesita que el alma del derecho, que es la interpretación, sea estrictamente jurídica, no política.
Veamos las cosas con serenidad y apertura a otras apreciaciones, no es necesario ser lopezobradorista para poder comprender que el Presidente tiene que defender su proyecto de gobierno contra sus adversarios, quienes, haga lo que este haga por el bien de la nación, nada le reconocen y con mentiras, intrigas y falsas imputaciones desde el primer día de su gobierno han querido descarrilarle el tren.
Y no me refiero al Tren Maya, que posiblemente algunos han de estar deseando que se descarrile en su primer recorrido. Refúteseme, si es que se cuenta con argumentos: gobernar es también informar, deliberar, aclarar y corregir errores, y sobre todo desmentir, atajar por medio de refutaciones aviesos propósitos que, de no hacerlo el mismo Presidente, lograrían reducir la inversión extranjera y, entre otros males, poner nerviosas las casas de bolsa con catastróficas consecuencias para la mayoría de los mexicanos.
