Otra vez, como en el año de 1959, cuando el entonces presidente Adolfo López Mateos emitió el decreto mediante el cual se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, miles de personas ven salir de las páginas de esos infernales libros a todos los demonios agarrados de la cola, dispuestos a cercar a la niñez mexicana para pervertir sus tiernas mentes con ideas comunistas y sexosas.
¡Mama mía! ¿Cómo es posible que en el siglo XXI vivamos con mentalidades de la Edad Media? ¡Increíble, pero cierto!
Los sencillos credos en blanco y negro en contra o a favor de los libros de texto me recuerdan el año de 1962 cuando, siendo gobernador Eduardo Livas Villarreal y yo un niño de segundo año de primaria, aunque ya grandecito, ya que inicié mis estudios de primaria a los diez años, vi los rostros angustiados de las madres de familia de mi barrio por tener que decidir entre dejar ir sus hijos a la Escuela Licenciado Héctor González, ubicada en la Calle Pablo A. de la Garza, colonia Fabriles, con el peligro de que se los llevaran a Cuba, para adoctrinarlos en el comunismo; o en el mejor de los casos, permitir que los libros de texto los hicieran incrédulos, berrinchudos y malcriados, y ya no quisieran ir los domingos a misa a la iglesia de San Juan de los Lagos.
Ahora bien, los opositores a la 4T, que son quienes rechazan la distribución de estos endemoniados libros, observan lo siguiente: que promueven la ideología comunista, que tienen errores ortográficos e información incorrecta, que hablan de sexo y diversidad sexual y, entre otras deficiencias, una reducción de espacio para la enseñanza de las matemáticas.
Esta percepción de los libros de texto, equivocada o no, de manera particular la referente al tema de las ideologías vehiculadas a través de la educación, ha originado un descomunal paroxismo que no pocas veces se libera en reuniones de amigos, compañeros de trabajo, incluso entre reputados académicos y abogados, produciéndose, incluso en algunos casos que me ha tocado presenciar, hasta agresiones verbales.
¡Ah, y no se diga en las redes sociales!
¿Es jurídicamente correcto que se haya concedido la suspensión provisional en las controversias promovidas por la gobernadora de Chihuahua y el gobernador de Coahuila? De acuerdo con el Artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará en los casos que proceda de oficio, cuando la solicite el promovente, siempre y cuando, entre otras excepciones, no se perjudique el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
Bien mirado, en los casos de las suspensiones aludidas, sí contravienen la disposición citada porque indiscutiblemente se afecta el interés social de los padres de familia que no tienen para comprar los útiles escolares; y por razones obvias también el de los niños de dichas entidades. Ayer una amiga me dijo que tuvo que desembolsar 17 mil pesos para cubrir el costo de útiles escolares de sus dos hijos, uno de primaria y el otro de secundaria. De acuerdo, ella tiene a sus hijos en escuelas privadas, pero sea pública o privada la educación, los útiles cuestan lo mismo. Y aclaro, no es esta la única forma como se afecta el interés social.
Sin embargo, a los abogados que se oponen a la distribución de los libros de texto su disposición previa les dice que no se afecta el interés social ni el orden público; por tanto sostienen que sí es procedente las suspensiones otorgadas porque, según ellos, lo que se afecta es el interés de los niños y el de los padres de familia. Pues, para su aprobación, no fue convocada la Unión Nacional de Padres de Familia, organización de las derechas fundada el 27 de abril de 1917 para defender el derecho de los padres de familia a decidir sobre el tipo de educación que se debe dar a sus hijos.
Además, sostienen los detractores de la 4T, no participaron en el proceso formal de aprobación los gobiernos de los Estados, tienen muchos errores y excesivamente son sexosos e ideologizantes. De acuerdo, todo esto puede ser cierto; pero, por ser materia del fondo del asunto es algo que no se ha estudiado. Lo que significa que no se tiene la certeza de que todo lo dicho sea verdad. De esto se concluye que jurídicamente no debió otorgarse la suspensión, sino hasta que como resultado del estudio del fondo del asunto así se determine.
