Para nadie es sorpresa la Iniciativa de Ley con proyecto de Decreto sometida a la consideración de la Cámara de Diputados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones normativas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), pues, desde que el ministro Arturo Zaldívar no pudo extender su gestión como presidente de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), el Presidente enfoca su mirada hacia los 13 fideicomisos.
Antes ya había cuestionado el vicio de origen de los fideicomisos; pero no es sino hasta que la SCJN declaró la inconstitucionalidad del artículo 13 transitorio de la reforma de la Ley Orgánica del PJF, por medio de la cual se pretendía extender por dos años el período de Arturo Zaldívar como presidente de la SCJN, cuando de nuevo, con mayor fuerza, el Presidente endereza su mirada hacia la mencionada Ley para reformar su artículo 224, a fin de poder cancelar los fideicomisos.
El propósito de Andrés Manuel era exhibir la parcialidad de no pocos juzgadores, y no tuvo dificultad para lograrlo. Ministros, magistrados y jueces sabían que, para poner a salvo sus privilegios, se tenían que convertir en juez y parte. Muchos seguramente se sienten incómodos por este hecho; pero muchos otros no.
Yéndonos un poco más atrás, tampoco como consecuencia de las protestas de jueces y magistrados federales de finales del 2018, contra la pretensión del entonces nuevo Presidente de reducir sus emolumentos, llegó el agua al río, ya que al arribar Arturo Zaldívar a la presidencia de la SCJN todo estuvo bajo control.
El problema se agudiza cuando, el 31 de diciembre de 2022, concluye el período de Arturo Zaldívar e inicia el de la actual presidenta de la SCJN. Y como se habrá de recordar, durante la ceremonia del 106 aniversario de la Constitución de 1917, dos días después de asumir su cargo como presidenta de la SCJN, Norma Piña le pinta la raya al Presidente, quedándose sentada en el momento en el que éste arriba al recinto oficial de la celebración conmemorativa, rompiendo con este hecho el protocolo de una bicentenaria tradición, la cual, como se sabe, consiste en mostrar la imagen del Presidente en los actos oficiales como núcleo central de la unidad de los tres Poderes de la Unión.
Hasta aquí la reseña, sumamente breve, de la manera como se han venido dando las cosas entre los poderes Legislativo y Judicial; de lo que se desprende, desde la perspectiva de la oposición, de que la reforma al PJF es un acto de venganza del Presidente que, sin duda, como otras reformas constitucionales, no pasará.
Andrés Manuel también sabe que su Iniciativa de reforma constitucional que busca trasformar el Poder Judicial no va a pasar; pero lo que sí va a pasar es que, como cuando él fue candidato a la presidencia de la República en las elecciones de 2018, hoy fijará los temas del debate; de hecho ya lo está haciendo.
Y uno de los temas del debate que indudablemente se tendrá que dar durante las campañas es el de la reforma del poder Judicial. Este debate, sin duda, será histórico porque nunca se ha debatido la necesidad de una reforma estructural del Poder Judicial.
Para mí esto es lo mejor que ha acontecido en el actual sexenio. Lo único que está en debate, hasta hoy, es la elección por medio del voto directo o indirecto de los juzgadores.
Además, el problema no es si es el Presidente quien designa a los ministros y demás juzgadores; o son las legislaturas de los estados; o es por medio del voto directo o indirecto de los ciudadanos, etc., sino que, en honor a la verdad, no hay a quien elegir que posea la vocación y perfil idóneo para impartir justicia porque nunca nos hemos preocupado por debatir el problema de la selección y formación de jueces y fiscales y el acceso a la judicatura.
Lo esencial no se discute aún: el modo de seleccionar y formar a los juzgadores, las mayas curriculares que el aspirante a juez o fiscal debe aprobar satisfactoriamente; y el modo como éste, después de haber concluido estudios formales en una escuela de altos estudios sobre la judicatura y la procuración de justicia (que no sea parte del PJF), debe acceder a la judicatura o a la fiscalía, previo examen de oposición público.
Lo repito una vez más, el Poder Judicial que hoy tenemos es el mismo que el del siglo XIX, y el del siglo XIX fue el mismo que el de la Colonia. Por eso éste necesita una reforma estructural. Por supuesto, una reforma de esta envergadura no se hace en un sexenio ni en dos, tiene que verse como un proyecto transexenal.
