La ausencia de una legislación o tal vez la existencia de una ley a modo a los empleadores y/o propietarios de la mayoría de las escuelas y universidades privadas de educación media superior y superior les permite lucrar con las necesidades del personal que contratan para impartir clases.
Aprovechan esos vacíos de la norma jurídica para no dar prestaciones ni generar compromisos con sus empleados.
Resulta que de acuerdo con la legislación vigente en materia laboral las escuelas particulares el máximo sueldo que pueden pagar al mes es de 2999.99 pesos, porque de ofrecer una percepción mayor a sus empleados obliga al patrón a dar prestaciones como seguridad social, aguinaldo y prima vacacional.
Por eso la mayoría de los maestros que contratan para dar clases en educación media superior y superior es sólo por horas determinadas, pues no pueden contratar por más de un determinado número porque los obliga a generar otras condiciones laborales.
Docentes que hasta esta primera quincena de octubre ganaban hasta 7000 pesos mensuales por una carga de trabajo de 16 horas semanales, Pues ahora les reducirán a menos de 8 horas semanales porque así la percepción mensual no superará los tres mil y prefieren contratar más maestros que dar derechos laborales a los que forman parte de la plantilla original.
Los maestros que se sienten afectados por el anuncio que recibieron esta quincena de parte de los patrones que el 31 de octubre su contrato actual se modifica y por consiguiente disminuye su carga laboral para aquellos que percibían más de 3000 pesos mensuales.
Esto afecta severamente a estos docentes que de alguna manera tenían ingresos que eran complementarios a
otros que percibían de otros trabajos. Ahora deberán buscar trabajo en más escuelas para poder recuperar los ingresos que ya les retiran a partir de noviembre.
En asuntos de esta naturaleza es donde se quiere ver a los representantes del pueblo, los diputados, que a pesar de que dicen representar las causas populares y de los más necesitados al placer a este sector no lo voltean a ver.
Pues para los propietarios de las universidades particulares es más fácil doblar la plantilla docente y no generar compromisos con quienes de alguna manera han sido trabajadores responsables.
Aquí se observa que antes están los intereses personales que realmente los intereses de la educación pues prefieren tener más personal que pagarle lo justo a los que ya están.
Todo por no pagar las prestaciones que establece la ley. Ojalá aquí se vea a diputados de cualquier partido que asuman compromisos con los que ahora quedarán desprotegidos, porque los patrones se justifican en la legislación vigente aprovechándose de los vacíos para beneficiarse ellos.
Y la pregunta es dónde queda la calidad educativa? Ahora prefieren tener más maestros y muchos tal vez sin capacidad pero sí para justificar y no pagar lo que la ley establece.
Qué pena.
