La violencia doméstica es un tema permanente en la agenda de los actores políticos. Todos opinan y condenan las agresiones físicas y psicológicas en contra de las mujeres. Diputadas de la actual legislatura local, han promovido la expedición de leyes más severas para castigar quienes agredan a las mujeres.
Durante la crisis sanitaria provocada a causa del virus Sars Cov 2 que causa el COVID la violencia de género se ha agudizado y cada vez son más los casos de agresiones físicas y tormentosas hacia las mujeres.
Y este tema tan delicado y condenable, algunas legisladoras lo han tomado como bandera política pensando en su futuro, y no realmente en la búsqueda de una solución al problema social que representa la violencia de género en todas sus modalidades.
Todos los días y a todas horas se observan en las redes sociales de legisladoras de todos los partidos condenando eventos que atentan contra la integridad de las mujeres, niñas y niños dentro y fuera de los hogares.
Muestran indignación y ofrecen impulsar medidas más drásticas para que no queden sin castigo quienes ofenden a las personas por su condición física, económica y social. “Ni una mujer más violentada. Castigo a los responsables”. Es una de las tantas frases que se leen en las redes sociales y en algunos espectaculares de los partidos políticos.
Que bien que haya esa intención de los actores políticos principalmente de las mujeres activas en la vida pública. Pero todo ha quedado en el discurso. Pues hasta la fecha a pesar de las denuncias no se ha actuado con la severidad que amerita este problema social.
Se han agudizado los casos y cada día son más los eventos violentos dentro y fuera de los hogares. Ergo, deberían ser más las denuncias y más las personas detenidas por las autoridades ministeriales para consignar ante el juez a los agresores. Y no es así. Porque no hay realmente un compromiso por erradicar este mal.
No basta con anuncios en radio y televisión. Tampoco subir pronunciamientos a las redes sociales. Sino realmente acudir con las víctimas y ofrecerles respaldo absoluto para que hagan la denuncia y se castigue. Porque invitar por medios electrónicos y espectaculares a que denuncien no les da ninguna garantía para la protección de su integridad.
Y es precisamente por falta de garantías hacia la integridad de las personas violentadas que no hacen las denuncias, por el temor de que al hacerlo sus agresores las maltraten e incluso minar su existencia.
Bien por las intenciones de las diputadas que se preocupan por este tema tan delicado. Lo suben a la tribuna y logran la promulgación de leyes más severas. Pero mal por estas mismas legisladoras porque no le dan seguimiento al problema y exigen el cumplimiento de la ley. Y que realmente se castigue a los agresores.
De qué sirve una ley si los casos de violencia no bajan y por el contrario en situaciones como la actual provocada por la crisis sanitaria se agudiza el problema.
Ojalá se actué en consecuencia y se deje de utilizar el tema como bandera para beneficio político.
