Que tras la polémica desatada por el gobernador Alejandro Armenta, tanto él como la secretaria de Turismo, Carla López Malo, decidieron aparecer en las redes sociales invitando a los turistas a probar los emblemáticos chiles en nogada y cerraron el mensaje con un tronido de dedos que terminó formando un corazón, muy al estilo de la “chaviza sustentable” que domina TikTok. Así, la crítica se convirtió en oportunidad para acelerar la estrategia de difusión gastronómica. Como diría la “banda de antaño”, bien bajado ese balón.
Que ya les echaron el ojo (y no con cariño) a dos plagas urbanas que parecían intocables, es decir, los invasores de terrenos y los cobradores del esquema gota a gota. Para acabar con la impunidad disfrazada de necesidad, se propuso desde el Congreso local, castigar con 7 a 12 años de cárcel a quien organice o dirija invasiones de predios. Pero si el valiente resulta ser funcionario público, no solo pisará prisión, sino que perderá su puesto y quedará inhabilitado hasta por 10 años. Así, sin rodeos ni excusas.
Que la firma de un convenio entre la BUAP y la Secretaría de Infraestructura estatal no solo quedó en la foto oficial, sino que se perfila como una alianza estratégica con beneficios reales tanto para los estudiantes como el aparato gubernamental. Existen compromisos de colaboración académica, formación continua y profesionalización de los servidores públicos. Al menos 90 funcionarios de la dependencia recibirán capacitación a través de diplomados y talleres.
Que la Secretaría de Seguridad Pública alista una inversión importante en tecnología con la adquisición de 50 drones de alta gama que serán utilizados para realizar inspecciones aéreas en zonas donde se sospeche actividad delictiva. Se dice que los equipos cuentan con cámaras térmicas, visión nocturna y capacidad de transmisión en tiempo real.
Que además del refuerzo en el aire, también lo habrá en internet, con la entrada en vigor de la nueva ley de ciberseguridad a través de la contratación de 30 nuevos agentes especializados que se sumarán a la Policía Cibernética para detectar, prevenir y neutralizar delitos digitales, desde fraudes hasta ciberacoso.
