Que en Tlaxcala, pese a la veda, el gobierno federal entregó fuera de calendario los apoyos a los beneficiarios de los programas sociales como Procampo pese a que se acerca el 10 de abril, fecha en la que se realizará la consulta de revocación de mandato.
En las respectivas cabeceras municipales de ese estado los ciudadanos acreedores de los apoyos fueron citados y se pudieron observar largas filas en los centros de atención el sábado 26 de marzo, cuando se hizo la entrega adelantada de los recursos económicos.
Que ahora sí el diputado local y dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, ya perdió piso; primero presumió que el partido tenía “fortalezas” para ir solo en 2024 con su respectivo candidato a la gubernatura de Puebla y Presidencia de la República, pues el tricolor ganó dos de tres alcaldías en disputa en las pasadas elecciones municipales extraordinarias.
Pero subido el ladrillito, Camarillo admite que le gustaría ser el candidato del PRI a la gubernatura para recuperar Casa Aguayo. Como deseo personal es una aspiración legítima, pero deberá definir a qué se dedicará: será legislador local, dirigente de partido o precandidato, por lo que debería pedir licencia al Congreso y separarse del cargo para que haya piso parejo en el PRI.
Que para evitar controles políticos a través de bienes del dominio público, el gobierno estatal presentará una propuesta para que las concesiones que las autoridades otorguen no excedan la mitad del periodo de las siguientes administraciones, a fin de que estas puedan ser revisadas y se defina la continuidad de estos permisos. A diferencia del pasado, esta administración estatal asegura que no abusa ni persigue a los presidentes municipales; sin embargo, no dejará de señalar aquellas acciones ilegales en prejuicio de las y los poblanos. Así o más claro.
Que Puebla se colocó entre los doce estados mejor evaluados en el Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE) que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), de los 32 estados analizados, pues alcanzó un cumplimiento de 100% en el desglose de información presupuestal sobre recursos federales, poderes y dependencias.
