Que en tiempos donde la incertidumbre por la renegociación del T-MEC y la posibilidad de nuevos aranceles pegan a la economía nacional, resulta por demás indicativo el pronóstico del Interpuerto Monterrey para el arranque del 2026. El hecho de que ya se preparen para una segunda oleada del nearshoring es una buena noticia que podría tener un efecto dominó en el resto de la actividad económica, sobre todo porque se buscan atraer a sectores en boga como el de semiconductores, que son de alto valor en la actualidad. Y como se advirtió desde hace días en estas páginas, el tema del abasto de energía eléctrica es un factor a considerar, de ahí que el Interpuerto ya alista una subestación.
Que justo hoy a una semana de que regrese el ajetreo a Nuevo León, parece que todos los actores ya están preparados para lo que se viene de cara al cierre del 2026. Y conste que no hablamos del regreso a clases y el tráfico metropolitano, sino de la reactivación del Congreso local y su estira y afloja con el Estado para la aprobación del Presupuesto, entre otros temas. Por ello la declaración del tesorero Carlos Garza, que advierte mejores condiciones y un clima político adecuado para sacar adelante el gasto y los ingresos del próximo año, tendrá que ser contrastada hoy con los diputados locales.
Que la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey AC (Surmac) señaló que con el fin de proponer soluciones en materia de movilidad y desarrollo urbano redoblarán esfuerzos para trabajar coordinadamente con la plataforma Cómo Vamos Nuevo León, ya sea en la elaboración y mejoramiento de encuestas, así como en el análisis de los datos y el debate de sus resultados. Sin embargo, la presidenta de la Surmac, Pricila Dávila, señaló que uno de los principales obstáculos que han enfrentado ha sido la negativa de algunos gobiernos en participar y abrir sus datos.
Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León dio a conocer el informe “¿Cómo están las personas mayores en Nuevo León?”, con datos de entre el 1 de enero de 2020 y el 20 de junio de 2025. Durante ese periodo se integraron 657 expedientes, de los cuales 504 han sido concluidos. En 265 de estos casos se acreditó la violación a los derechos humanos.
