Que quienes están hoy de plácemes son los integrantes del Colegio de Abogados de Nuevo León, ya que celebrarán el Día del Abogado en un salón de la colonia Del Valle, en San Pedro Garza García. Algunos invitados son Javier Navarro Velasco, secretario General de Gobierno; Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado; Pedro Arce, encargado del Despacho de la Fiscalía General de Justicia del Estado; Esteban Cantú, director de la Agencia Estatal de Investigaciones; Aldo Fasci Zuazua, ex director de Seguridad Pública estatal; Santos Guzmán, rector de la UANL, y Rubén Zarazúa, ex procurador de Justicia, entre otros.
Que luego de que había pospuesto, debido a complicaciones en la economía china por la pospandemia, todo parece indicar que la empresa Weisu reactivará el plan de instalarse en Pesquería, para construir casas modulares de la marca Vessel, mismo que constará de una inversión de 300 millones de dólares. Fue el alcalde de esa localidad, Patricio Lozano, quien anunció en su cuenta social X lo siguiente: “Listos para recibir a la planta de Vessel en Pesquería para generar mayor crecimiento económico e industrial, pero en esta ocasión con un gran valor social agregado: casas modulares accesibles”.
Que el alcalde electo de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, compartió en redes sociales detalles sobre la fase de transición, en específico de la mesa de trabajo Gobierno Regio, que por parte del equipo entrante lidera Jovita Morín, acompañada del coordinador general, Fernando Margáin Sada. Ahí se discutieron temas sobre comercio y la gestión de inspecciones en áreas de Desarrollo Urbano.
Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que preside Susana Méndez Arellano, pidió al Gobierno estatal cumplir con la obligación de poner fin a la discriminación, ante el incremento de 31.2% en el porcentaje de la población que declaró haber sido discriminada en la entidad, según la Encuesta Nacional de Discriminación. La CEDH solicitó que se establezca en todas las oficinas públicas señalética en la que se condene todo acto que niegue, excluya o distinga el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo.
