Que el fiscal encargado de la Procuraduría de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, confirmó anoche que como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera entregó información que la Fiscalía Anticorrupción solicitó sobre el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, luego de las filtraciones en el programa de la gobernadora Layda Sansores en Campeche, donde exhiben whatsapps del senador Ricardo Monreal y Alito Moreno, haciendo referencia a un Santiago, a lo que el hoy funcionario hidalguense, señaló que el mensaje es de un Ministerio Público, o de alguien con acceso a la carpeta o peritajes, y no de su autoría.
Que habría que preguntarle a las diputadas priistas Marcia Torres, Citlali Jaramillo y Rocío Sosa por qué se abstuvieron de votar a favor de la llegada de la fiscal anticorrupción Alicia Medina Castelazo, ya que a pesar de que el resto de la bancada votó a favor, estas legisladoras parece que fueron “chamaqueadas” y lo único que lograron es echarse encima a quien fue propuesta por el jefe del Poder Ejecutivo estatal, y quien ya en sus primeras declaraciones dijo que combatirá con todo a la corrupción.
Que algunos presidentes municipales no están entendiendo las nuevas formas del gobierno estatal de hacer política. Y es que la secretaria de Turismo, Elizabeth Quintanar, estuvo ayer en Tula de Allende, con lo que ella llama la “familia turística” de la región, mientras que el presidente municipal Manuel Hernández Badillo brilló por su ausencia. Más tarde se supo que no le comunicaron de la cita y que algunos de los funcionarios estatales también se están pasando los protocolos por encima.
Que mejor los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se han puesto a realizar acciones de atención a pobladores en Tepeji del Río, Actopan, San Agustín Metzquititlán, Atotonilco El Grande y Mineral del Chico, que las propias autoridades. A través de Universitarios en Acción y una serie de programas, se atienden a vecinos de zonas vulnerables con consultas médicas, área de nutrición, atención de enfermería y servicios odontológicos, además de entrega de medicamentos. Mientras, los ediles son investigados por millones de pesos.
