Encontrar dónde vivir en Guadalajara no es tarea fácil. Con inmobiliarias o propietarios que piden hasta las perlas de la Virgen bendecidas por el Papa como prueba de honestidad y protección en caso de que un día no puedas pagar el alquiler, viviendas en mal estado con rentas que equivalen a un salario completo mensual solo porque tienen un mercado cerca, y miles de personas buscando mejorar su calidad de vida hacen que la tarea sea una misión imposible.
Y como si eso no bastara, las autoridades -para variar- se ponen de lado de las grandes empresas que ven en la vivienda un modelo de negocio, no un derecho. Un capitalismo rapaz que hasta saca de sus hogares a personas que durante años han formado una historia en el barrio.
El anuncio del plan de repoblamiento del Centro de Guadalajara despertó la esperanza de quienes habitamos la ciudad para acceder a una casa asequible, pero resultó ser el disfraz de una estrategia que se replica en detrimento del ciudadano común. Edificios con departamentos, gimnasios, amenidades, destinados a rentas temporales para extranjeros. Las torres se reproducen en la zona metropolitana como los baches en tiempos de lluvia, y parece que estamos al borde de una inundación que arrasará con todo.
El acuerdo con Airbnb de la Ciudad de México ya ha comenzado a generar estragos en los capitalinos, que han tenido que dejar sus viviendas al volverse impagables e incluso se han desalojado edificios enteros para ofertarlos en la plataforma. En el país, hay al menos 12 estados más con convenios similares con la empresa: Sinaloa, Querétaro, Ciudad de México, Quintana Roo, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Baja California, Guerrero, Yucatán, Baja California Sur y Colima.
Según un reporte del Economic Policy Institute, con 10 por ciento de viviendas destinadas a Airbnb, el costo para los inquilinos aumenta hasta 15.8 por ciento, y terminan con cifras por encima del salario promedio mensual.
Las inversiones inmobiliarias indiscriminadas y sin visión social violan derechos. Nos urge exigir políticas públicas que garanticen una vivienda digna y que los planes de repoblamiento tengan como prioridad a la ciudadanía, no a los inversionistas, que terminan desplazando a aquellas personas que le dieron vida a ese barrio que ahora es tan cotizado.
Dora Raquel Núñez
Twitter: @draquelnzx
