Al estar nuevamente a debate la legislación electoral, reproduzco a continuación lo que escribí en este espacio hace cinco años (el 18/7/2016):
En días recientes, Héctor Aguilar Camín ha comentado en estas páginas sus coincidencias y discrepancias con José Woldenberg sobre nuestra pluralidad social. Comparten una preocupación central respecto a la democracia mexicana: su horizonte no es de fortalecimiento, sino de fragmentación.
Esas pocas palabras revisten la mayor relevancia si se quiere conformar gobiernos legítimos y garantizar su funcionalidad.
Convergen los dos estudiosos y analistas de gran prestigio al considerar la segunda vuelta electoral como un alivio, o corrección ante los efectos de la fragmentación. Los conocedores de los sistemas electorales saben que donde existe la segunda vuelta, si en los primeros comicios ningún candidato obtiene más de 50% de la votación total, se lleva a cabo una nueva elección entre el primero y segundo lugar para decidir al ganador, que naturalmente alcanzará la mayoría absoluta. Se evita así que lleguen a cargos públicos candidatos con poca votación y discutible legitimidad. Me cuento entre los promotores de esa propuesta. Evita que, de los cuatro, seis o más candidatos para la Presidencia de la República o algún gobierno estatal, alguien gane con una aprobación exigua y teniendo frente a sí un importante número de electores (tal vez mayoría) que jamás le habrían dado su confianza y apoyo.
Posiblemente Francia sea el país con este sistema más avanzado, pues abarca los cargos ejecutivos y legislativos. También ha funcionado para los ejecutivos en países del Cono Sur, como Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia, no sin los sobresaltos producidos por presidentes como Fujimori en Perú, que disolvió el Congreso; o el Congreso de Ecuador, que echó al presidente Abdalá Bucaram declarándolo loco.
Sin embargo, si se optara en México por ese cambio de sistema electoral, debe tomarse en cuenta la observación que hace Jorge Alcocer Villanueva, también estudioso y analista político del más alto nivel, conocedor de las leyes electorales de muchos países: el sistema electoral mexicano fue diseñado para operar sobre la base de mayorías simples, y los procedimientos jurisdiccionales de impugnación de campañas y sus resultados son lentos y complicados, lo cual retrasaría la celebración de las segundas vueltas (que se recomiendan en un lapso no mayor de un mes), pues sucesos imponderables pueden producir distorsiones mayores que las que se buscan evitar.
Con la responsabilidad que la materia exige, vale la pena analizar si, con las adecuaciones pertinentes, puede servir la segunda vuelta al desarrollo de la democracia mexicana para evitar que cada vez con menos votos lleguen a los cargos públicos políticos repudiados por la mayoría.
Diego Fernández de Cevallos
