Hace casi un año, el 27 de mayo de 2022, habitantes de comunidades afectadas por el derrame de minerales ocurrido el 6 de agosto de 2014 en el río Sonora solicitaron un amparo al Juez Decimotercero de Distrito, Antonio Mora Díez, por la omisión del gobierno para tomar medidas de protección ante los daños causados por la exposición a metales pesados que generó este desastre ambiental, el mayor registrado en la historia de México.
Los pobladores de la región, organizados a través de Comités de Cuenca, exigieron también garantizar la calidad del agua en las escuelas públicas y dar atención médica integral y toxicológica, en especial a los niños y niñas que están creciendo expuestos a un entorno contaminado por el siniestro de Grupo México, una de las empresas más poderosas del país.
El juez admitió la demanda ese día y, por la urgencia del caso, ordenó como medida cautelar que las autoridades de salud brindaran atención médica integral y verificaran el agua que se consume en los centros escolares.
Pendiente de resolver quedó la valoración sobre la mitigación necesaria de las fuentes de exposición. Fue hasta el 22 de septiembre de 2022, cuando el juez dictaminó que las autoridades ambientales debían adoptar las medidas necesarias de prevención y control, entre las cuales están el mitigar las fuentes de riesgo y realizar una evaluación actual sobre la situación sanitaria en la zona.
Para terminar de emitir su sentencia, el juez pidió pruebas que le fueron entregadas los meses posteriores. De esta forma, hace unos días, el pasado 21 de abril, concedió una suspensión definitiva en la que se constata que una alta exposición ambiental a arsénico, plomo, cadmio y manganeso ha impactado en la vida y la salud de los pobladores, por lo que ordenó un plan especial de acción y coordinación entre instancias federales y estatales como la Profepa, Semarnat, Conagua, Cofepris, Secretarías de Salud y Educación Federal y Estatal, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.
La cuenta regresiva para que las autoridades omisas atiendan esta grave situación ya está dictada. Con esta sentencia vital en las vísperas del boom del litio que ansía Sonora, estará a prueba la capacidad del Estado mexicano para dar justicia ambiental y sanitaria, más allá de intereses económicos corporativos.
