Esta semana se cumplieron 15 años de la insurrección ocurrida en Oaxaca durante el año 2006. A unos días de la toma de protesta de Felipe Calderón como Presidente, los entonces todopoderosos y hoy defenestrados funcionarios Genaro García Luna y Eduardo Medina Mora, intensificaron el operativo de represión que habían emprendido meses atrás contra la ya histórica revuelta popular.
El 25 de noviembre de aquel año se desató un auténtico acto de terrorismo oficial contra las personas y colectivos que bajo el efímero nombre de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) exigían una democracia real y directa.
Sin embargo, para apoyar la asunción de Calderón a la presidencia, en medio de cuestionamientos de fraude electoral del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, el PRI exigía mantener en el poder oaxaqueño a uno de sus miembros más nefastos: el gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Fue entonces que, al calor de un levantamiento social legítimo, el PAN y el PRI optaron por coludirse alrededor del autoritarismo, en lugar de afrontar el reto que representaba la supuesta llegada a la democracia en el año 2000.
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Cuando se había cumplido una década del conflicto y unas semanas antes de concluir la edición actual de mi libro Oaxaca sitiada. La primera insurrección del siglo XXI (Almadía) me enteré del nombre de un porro contratado para seguirme y atacarme.
Los servicios del tipo fueron requeridos después de que publiqué una investigación hecha junto con Irving Huerta sobre las redes de corrupción del gobierno de Ruiz Ortiz. No era el primer incidente de riesgo que debía asumir desde que comencé a reportar la insurrección de 2006 ni tampoco suelo hacer públicas este tipo de situaciones, pero en su momento lo hice porque me servía de marco para presentar un testimonio clave.
Debo decir que el ex gobernador Ruiz Ortiz dijo públicamente que mi trabajo como periodista no era imparcial debido a que yo era consejero de la APPO. La realidad es que el político priista siempre tuvo la oportunidad de dar su versión en los artículos periodísticos que he escrito aquí en Notivox y otros lados, así como también en mi libro. Lo que nunca he aceptado ni aceptaré fue el soborno que me ofreció su personal para disimular la realidad ni tampoco las posteriores amenazas y otros ataques lanzados por seguir investigando y denunciando los múltiples crímenes políticos ocurridos durante su administración.
En el caso de la Comisión de la Verdad, que se creó en 2014 para investigar su administración y de la cual formé parte, el ex gobernador fue invitado a dar su versión en el informe final, antes de que este fuera concluido, pero decidió no hacerlo. El ex presidente Calderón también declinó hablar sobre la insurrección de 2006. Solamente Vicente Fox Quesada dio una larga entrevista en la que terminó asumiendo la responsabilidad del brutal operativo contra los manifestantes.
Sin embargo, en estos años, pude entrevistar a estudiantes que en la universidad recibieron más preparación como golpeadores que como universitarios. Varios participaron activamente en la represión ilegal de hace una década contra la APPO. A la mayoría de los porros que mencioné con nombre y apellido en las páginas de mi libro los mataron tiempo después los mismos grupos armados ilegales del gobierno estatal para los cuales trabajaban, con el encubrimiento de autoridades federales.
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Las primeras dos recomendaciones que elaboramos en el informe Ya sabemos. No más impunidad, de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, son las siguientes:
1.- La Comisión de la Verdad recomienda a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía de Investigación en Delitos de Trascendencia Social que, como resultado de la profusa información que brinda el presente informe, retomen las indagatorias contra el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz; el ex secretario de Gobierno, Jorge Franco Vargas; la ex procuradora, Rosa Lizbeth Caña Cadeza; el ex director de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas; y el ex director de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas; así como demás integrantes de su gabinete y funcionarios municipales, especialmente los encargados de procuración de justicia y seguridad pública. Esto con el fin de que se finquen las responsabilidades penales por delitos y violaciones graves a los derechos humanos, en especial de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se detallan ampliamente en este informe.
Estos delitos cometidos no solo son imprescriptibles, sino que, dadas las características de sistematicidad con que se cometieron, pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Es necesario señalar que una de las principales medidas de reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos es el enjuiciamiento y sanción a los responsables, perpetradores y operadores de los crímenes cometidos.
2.- La Comisión de la Verdad recomienda a la Procuraduría General de la República revisar las demandas penales dirigidas contra las administraciones federales de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, por su responsabilidad en los hechos del conflicto social oaxaqueño. En el conflicto de Oaxaca, la intervención de fuerzas federales, la participación de las instancias de administración de justicia y la injerencia de los aparatos de inteligencia a nivel nacional fue una responsabilidad directa de estos dos ex presidentes.
Asimismo, se recomienda a la Procuraduría General de la República, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, revisar la actuación de los ex funcionarios federales Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Ardelio Vargas Fosado, señalados por las propias víctimas y actores en el conflicto social como responsables de dirigir las acciones represivas contra manifestantes en el Operativo Juárez de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2006.
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La Fiscalía General de la República y la del Estado de Oaxaca se han transformado en los años recientes, jactándose de ser instancias autónomas y realmente comprometidas con la justicia. ¿Tomarán alguna vez en serio la represión de 2006 y el castigo que aún está pendiente?}
Diego Enrique Osorno
