Dicen la Presidenta y Pablo Gómez que el país ha cambiado desde que, con la Reforma Electoral de 1996, se fundó la democracia mexicana. Tienen razón. En aquel entonces, un gobierno (Zedillo) debilitado por la tremenda crisis económica de diciembre de 1994, con una legitimidad cuestionada por años de ejercicio no democrático del poder y puesta en duda su capacidad de garantizar la transmisión pacífica del poder luego de los homicidios de Colosio y Ruiz Massieu, convocó a todos los partidos para que sacaran una reforma electoral por consenso. Mucho se consiguió: que el gobierno dejara de organizar las elecciones, que se nivelara la cancha de competencia dando dinero a todos los partidos (antes sólo el partido oficial se servía con la cuchara grande), y que los votos de los mexicanos contaran y se contaran bien.
Después fueron apareciendo los vicios del diseño. El sistema lo habían hecho los partidos y era un sistema para ellos: ni hablar de candidaturas independientes porque les quitaban el monopolio de la representación, ni hablar de flexibilizar las condiciones para la aparición de nuevos partidos, ni hablar de reglas que los obligaran a ser democráticos en su funcionamiento interno. Los partidos, con todas sus diferencias, descubrieron rápido que tenían intereses comunes: su monopolio de la representación, su insaciable necesidad de dinero público (en cada reforma se otorgaron más y más) y mantener la debilidad de las autoridades encargadas de fiscalizar cómo se lo gastaban (nunca se ha conseguido controlar eficazmente lo que gastan ni evitar que reciban dinero de poderes fácticos). La consecuencia de todo lo anterior es que los partidos se volvieron muy buenos negocios y acabaron manejados por élites inamovibles, como el PT y el PVEM, o se fue debilitando la posibilidad de disputas internas que se saldaran democráticamente (PAN, PRI, PRD). El sistema ha favorecido la permanencia de los líderes encumbrados.
Entonces, es cierto que se necesita una Reforma Electoral para ajustar lo que hoy tenemos. La presidenta Sheinbaum y Pablo Gómez, el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, han adelantado que están a favor de las primarias en los partidos, de las candidaturas independientes y de menores reglas para la creación de nuevos partidos. Suena bien. Pero las reformas son hijas de las circunstancias en que nacen. Si los vicios de la reforma del 96 se explican por el contexto político que imperaba en el momento de su redacción, lo mismo aplica hoy. Quien hoy convoca es una presidenta fuerte respaldada por una mayoría que no busca ni necesita consensos, y así lo anuncian: “que van a utilizar su mayoría”. Invitan a debatir a toda la sociedad, organizaciones, expertos, académicos y partidos, que tienen algo en común: su absoluta debilidad frente al poder en turno. Lo organiza una comisión formada exclusivamente por funcionarios del Poder Ejecutivo y que tiene como finalidad entregarle a la Presidenta propuestas. En todo el camino sólo se aprecia una resistencia posible a la omnímoda voluntad del Poder Ejecutivo (resulte en lo que resulte) y es la de los partidos aliados de Morena, el PT y el PVEM. Es decir, los únicos que parecen con capacidad de presionar son los partidos producto de los peores vicios del régimen de partidos.
