Difícilmente, la consulta popular “para enjuiciar a expresidentes” pasará el umbral requerido para hacerla vinculante. Aunque podría sentar un precedente si al menos 37 millones de personas acuden masivamente a las urnas para validarla, también podría resultar en todo lo contrario.
Por un lado, después de haberla desvinculado del desarrollo de las elecciones intermedias, existe un desgaste ciudadano frente a las campañas y al tema electoral; no hay incentivos suficientes para movilizarse y salir a votar. Por el otro, el cambio en el fraseo de la pregunta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que – por motivos legales– derivó en una pregunta con un lenguaje ambiguo que más oscurece que aclara; ¿a qué se refieren con decisiones políticas?, ¿cuáles actores?, ¿quién los va a juzgar?
Que la justicia no se consulta, dicen algunas voces. No obstante, en un sistema político como el mexicano en donde parecen haber reglas implícitas, no formales, como que los expresidentes son intocables y ajenos a las leyes, la consulta podría constituirse como un testimonio público, una referencia clara a las autoridades para cumplir con la voluntad del pueblo de hacer justicia, esa que por las vías formales nunca ha llegado. No está escrito en ningún lado, pero así lo dictaminan los usos y costumbres; el presidente electo protegía a su antecesor para no verse juzgado, posteriormente.
El cumplimiento de la ley en México no depende de las leyes en sí mismas, sino de la voluntad política, del poder, el estatus social, y del dinero en mano. No en vano, casos como el de Odebrecht que han alcanzado gravemente a políticos y mandatarios de toda América Latina, salpicaron a muchos aquí, pero sin mayores consecuencias.
La consulta popular combate la apatía que por años ha sido incentivada por los gobiernos anteriores, despierta un espíritu cívico y podrá venir acompañada de una legitimidad indiscutible si hay una intencionalidad masiva. Hay que reconocer la posibilidad de la consulta para discutir como sociedad sobre la responsabilidad gubernamental de los funcionarios públicos con el pueblo mexicano, aun cuando haya quienes acusen al presidente de utilizarla como una herramienta para deslegitimar a los expresidentes y al sistema democrático, como si después del saqueo necesitaran ayuda extra para hacerlo.
Claro que se trata de una jugada política, ¿o qué esperaban? ¿que un gobernante no tomara decisiones políticas? Pero a diferencia de sus antecesores, el presidente López Obrador juega por encima de la mesa. Aunque en términos de la formalidad no provoque cambios, la consulta sí podría presionar decisiones del aparato judicial. Es un no rotundo por parte del pueblo mexicano a un sistema de justicia de castas y privilegios.
La participación es valiosa en sí misma, pues le da voz a las y los afectados de un régimen de corrupción y se les reconoce como sujetos de derechos, algo que comúnmente les ha sido negado. Desafortunadamente, las condiciones para el desarrollo de la consulta no son óptimas y lo que parecía convertirse en un pronunciamiento colectivo contra la impunidad de cuello blanco, puede quedarse solo en intenciones. Un resultado desfavorable alimentará el discurso opositor —que se mueve como animal carroñero tras lo que sea—, dejando mal parado al alegato de un consenso social para fracturar el pacto entre expresidentes, y a la fuerza del partido de gobierno. Ojalá y no sea así.
Daniela Pacheco
