En medio de los esfuerzos del gobierno de Biden por intentar adornar el programa Quédate en México (MPP por sus siglas en inglés), hasta el día de hoy no existen mecanismos claros para la implementación de esta segunda etapa, ahora sí de una forma segura y humanitaria. Se trata de una cruel herencia de la administración Trump que desdibuja el derecho humano a buscar asilo y protección. Tratar de maquillar esta política no cambiará sus efectos devastadores sobre la dignidad y la integridad de los migrantes que buscan llegar al país del norte.
El desarrollo de este programa ha obligado a más de 70 mil personas a esperar en México por sus audiencias de inmigración. Además, en una explosión sin precedentes de campamentos profundamente insalubres e inseguros en la frontera sur, se han documentado más de 1500 casos de violación, secuestro, tortura y otros delitos durante su primera etapa. Según datos de la organización Human Rights First, durante los primeros siete meses de la administración Biden se contabilizaron 6 mil 356 ataques contra migrantes expulsados o bloqueados en dicha frontera.
Contrario a las promesas de campaña de una mayor tolerancia con la migración, las políticas de este nuevo gobierno estadounidense se han alineado a las implementadas por su antecesor. Lejos de garantizar el derecho al asilo, al refugio y a la migración, el énfasis está en la aplicación de medidas disuasivas que violan derechos humanos, aun cuando se ha demostrado que su endurecimiento y las prácticas violentas no reducen la migración a largo plazo.
Además de cargar a México con responsabilidades propias de su política migratoria, aunque haya apertura del gobierno del presidente López Obrador a un tratamiento humanitario de las y los migrantes, la falta de recursos y capacidades para proveerlos de un entorno seguro, convierte al lado mexicano más en un muro de contención que de protección. Las organizaciones de la sociedad civil hacen sus mejores esfuerzos para paliar la crisis humanitaria, pero están hasta el tope. Ni qué decir de la falta de preparación para atender este tipo de situaciones por parte del personal del Instituto Nacional de Migración que a menudo protagoniza crueles tratos hacia los migrantes en las zonas fronterizas.
Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, las personas que hagan parte del MPP tendrán oportunidad de acceder a información y representación legal, así como a teléfonos. Sin embargo, en su primera etapa de implementación entre 2019 y 2021, el 95% de los migrantes no pudo acceder a un abogado. Cabe resaltar que los costos del mismo corren por cuenta de los propios interesados.
Paralelamente, la administración Biden mantiene la política Título 42 que, amparada en la pandemia por COVID19, entre febrero y julio de este año expulsó a más 76 mil familias.
Así como está, Quédate en México se limita únicamente a responder a la orden de la Suprema Corte de Estados Unidos, ahora con un período de espera más acotado, como si los migrantes y sus familias, a menudo expulsados de sus sitios de origen por fenómenos como la violencia, la pobreza y los desastres naturales, contarán con un colchón para sobrevivir durante seis meses. Lejos de ser un programa pensado para atender el derecho humano a la migración, esta segunda etapa condena nuevamente a las y los más vulnerables a los mismos peligros de siempre, sin que haya nuevamente mucho por hacer, al menos del lado mexicano.
Más allá de la disputa en los tribunales, el programa Quédate en México es solo un síntoma de un problema mucho mayor. Los altos niveles de migración son y serán la nueva realidad de la frontera entre Estados Unidos y México. Pretender castigar a quienes huyen de sus países de origen en busca de protección o de mejores horizontes, sólo agravará la crisis. La administración Biden está urgida de un sistema robusto, capaz de procesar el creciente número de migrantes y de solicitantes de asilo de una forma justa, rápida y eficiente. Que pongan cara al desastre económico y de violencia de los que hace décadas son responsables, auspiciando gobiernos satélite y mentirosos planes de lucha contra las drogas.
Migrar es un derecho humano. Nadie se expone a semejantes aberraciones a menos que quedarse en casa represente un peligro mayor.
Daniela Pacheco
@DanielaPachecoM
