El marco jurídico que protege los derechos humanos incluye no solo las leyes y la Constitución. Hoy en día también podemos encontrarlos en diversos tratados internacionales que México está obligado a cumplir, incluyendo derechos económicos, sociales y culturales a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento y al trabajo.
En principio, todo esto se escucha muy bien. Pareciera que, con la sola aceptación de instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (entre otros no menos importantes), sumados a la inclusión de estos derechos en nuestra Constitución, se resolverían los grandes problemas que nos aquejan.
Sin embargo, la realidad nos dice que la aceptación de dichos tratados y la inclusión de todos los derechos en nuestra legislación constitucional es solo un primer paso; hacen falta varios componentes adicionales para hacer realidad el objetivo de los tratados y de la constitución.
Debemos recordar que, así como en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos no fue plasmada la idea de los derechos económicos, sociales y culturales, por lo que fue necesario (con el paso del tiempo y la detección de problemas específicos) establecer un tratado particular para este tipo de derechos, también necesitamos identificar los problemas específicos de nuestro entorno, para encontrar la solución adecuada.
Uno de esos problemas es el de garantizar el acceso de todas las mujeres embarazadas a los derechos económicos, sociales y culturales; conscientes de que, en muchas ocasiones, se les impide el ejercicio de dichos derechos en esta etapa de su vida.
Una solución, desde el ámbito legislativo, podría ser el incorporar expresamente la obligación a la protección integral de la maternidad desde la etapa gestacional. En el mismo sentido, y sabiendo que la realidad no se cambia por decreto, sería necesario establecer la obligación de traducir este apoyo dentro de las políticas públicas en materia de desarrollo social y humano.
Este sería solo un paso de muchos que debemos llevar a cabo para proteger a las mujeres en estado de vulnerabilidad, pero sin duda puede ser un buen comienzo para garantizar que tengan acceso a más y mejores oportunidades y, sobre todo, para abatir la injustificable brecha de desigualdad.
