La semana pasada, en el Congreso del Estado llevamos a cabo dos eventos de gran relevancia, en los que tuve la oportunidad de participar: el foro “Proporcionalidad de la Pena Como Principio Constitucional” y la presentación del libro “Apuntamientos para la tarea legislativa en materia penal”.
De fondo, ambos proyectan un mensaje muy importante, dirigido a todos los ciudadanos, pero especialmente a los legisladores: el derecho penal no es el medio automático para resolver en solitario los problemas de la sociedad.
Ello cobra especial relevancia ante las próximas elecciones, donde sin duda escucharemos muchas propuestas para endurecer las penas y crear nuevos delitos. Pueden sonar muy atractivas, pero debemos analizarlas con objetividad y sobre la base de los principios constitucionales. Recordemos, por ejemplo, que en México no es viable imponer cadena perpetua, y mucho menos la pena de muerte o algún otro castigo semejante. Aquí surgen naturalmente varias preguntas: ¿y los derechos de quien resiente los efectos del delito? ¿qué pasa con el dolor de los afectados por el delito? ¿y su patrimonio? Todas ellas son razonables, indudablemente existe dolor y enojo por parte de las víctimas y ofendidos del delito, cuyas expectativas de justicia quedan insatisfechas. Sin embargo, la palabra clave es “justicia”, no venganza. Lo que se debe trabajar, entonces, es el esquema de reparación del daño, la prevención de la violencia y del delito, la cultura de la denuncia, el uso de las medidas administrativas y de la justicia alternativa, como verdaderos mecanismos que pueden resolver los problemas de la sociedad. Todo ello, acompañado del combate sin tregua en contra de la impunidad, conscientes de que no necesitamos penas espectaculares, necesitamos que la ley se cumpla y se perfeccione con un trabajo integral.
Por lo tanto, no debemos caer en la tentación del populismo legislativo y proponer irresponsablemente el aumento de penas o la creación de delitos nuevos, fuera de los alcances de la técnica legislativa y del marco de derechos humanos. Los delitos y sus penas deben quedar como la última opción del estado; el legislador deberá ocuparse de que las sanciones a quienes los cometan sean proporcionales y acordes tanto a la conducta realizada como al daño causado. Solo así, con trabajo y legislación responsable, avanzaremos hacia la justicia.
