El pasado jueves 12 de octubre, en el Congreso del Estado aprobamos dos dictámenes de gran importancia para avanzar en la justicia para las mujeres; uno en relación con el delito de feminicidio y otro para la creación de fiscalías especializadas en investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres en razón de género.
Partimos del principio de que la solución de los desafíos sociales requiere la acción y el pleno ejercicio de las atribuciones que tiene cada poder u órgano del estado. En este caso, el Poder Legislativo hizo su parte al perfeccionar la ley con reformas necesarias para abonar a la solución de un problema que hemos abordado en entregas anteriores: la violencia contra las mujeres.
El cambio en la ley estatal nos permitirá castigar con mayor severidad a todos aquellos que cometan el delito de feminicidio y amplíalos supuestos en que se configura este tipo penal, dejando claro que, en Guanajuato, el feminicidio debe castigarse con todo el peso del estado, pues es un delito que daña gravemente a la sociedad.
En el mismo sentido, el Congreso realizó un mandato legal a la Fiscalía General del Estado, para crear las fiscalías especializadas en investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres en razón de género. Gracias a ello, este organismo autónomo constitucional contará con todas las capacidades administrativas y operativas para cumplir con la razón de ser de toda procuraduría de justicia: hacer las investigaciones necesarias para que los culpables de los delitos cometidos en contra de mujeres sean castigados.
Ahora bien, como lo he señalado, la violencia contra las mujeres no se acabará con un simple decreto; se necesita la acción decidida de todo el estado, con la participación solidaria y directa de la sociedad, para lograr este objetivo. Podemos decir que, por el momento, el Poder Legislativo está cumpliendo, pero la ley no es estática y deberán realizarse los cambios que sean necesarios para adecuar la norma a la realidad social.
De igual manera, confiamos en que tanto la Fiscalía General como el Poder Judicial harán su parte en este importante reto que enfrentamos como sociedad.
Y hoy, más que nunca, necesitamos que la ciudadanía denuncie los delitos que sean de su conocimiento, que la sociedad confíe en las instituciones y marque la pauta a seguir con sus denuncias y señalamientos, porque únicamente con ciudadanos organizados y participativos podremos acabar con los problemas que nos aquejan. El reto no es fácil, pero tampoco es imposible cambiar nuestra realidad, si trabajamos juntos y pasamos del discurso a la acción.
