La justicia es un anhelo colectivo, una aspiración de toda la sociedad y un valor fundamental en la democracia. Con esta certeza nos hemos dado a la tarea de trabajar en la segunda fase del Sistema de Justicia Penal (SJP), correspondiente a la evaluación y consolidación, toda vez que la etapa de implementación quedó agotada desde el 2016.
El cambio del SJP no ha sido un día de campo; ha implicado enormes retos: Los recursos, las horas de capacitación, la nueva forma de enseñar en las facultades de Derecho, las nuevas competencias para ejercer el derecho penal, la actualización de cada servidor público que participa de la aplicación de las normas que definen a este sistema, la actualización del marco jurídico, en fin.
Sin embargo, no basta con poner en marcha esta maquinaria institucional. Ahora, nos enfocamos en evaluar y consolidar el SJP, para darle vida a un estado de derecho más efectivo y garante de la tan ansiada justicia.
Por ello, la semana pasada nos reunimos los presidentes de las subcomisiones de la Comisión Estatal, para una mesa de trabajo donde alcanzamos acuerdos clave para generar indicadores transversales que nos permitan evaluar el SJP en el estado.
Coincidimos, quienes participamos, en la necesidad de asumir al sistema como un todo y dejar de evaluarnos como órganos independientes cuando se trata de la justicia penal; y esto se desprende de que, cuando nos referimos a un sistema, debemos entenderlo como un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objetivo, tal como lo define la Real Academia Española.
Por ende, quienes tenemos la representación de los poderes y la intervención en este importante proceso, nos comprometimos de manera institucional a poner todo lo necesario para avanzar en este paso fundamental y mejorar de cara a la consolidación; sumando, claro está, todo el empeño y profesionalismo individual.
El camino continúa, seguiremos adelante, trabajando con espíritu de colaboración, compartiendo la misión de consolidar un Sistema Penal que funcione como México lo espera, aprovechando las herramientas tecnológicas y las salidas alternas más allá de una cultura de conflicto. Un sistema donde los derechos de las víctimas sean la prioridad y, sobre todo, un sistema que enfoque los esfuerzos en políticas de prevención.
Hay mucho por hacer, pero ningún reto puede ser más grande que la voluntad ciudadana de construir una sociedad armónica, pacífica y respetuosa de la dignidad de las personas. Para lograrlo, seguimos avanzando del discurso a la acción.
