Si no se adoptan medidas adecuadas para responder a la crisis económica que se avecina, los más de 19 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México en condiciones de pobreza se multiplicarán, y tendrán más carencias y afectaciones de las que ya enfrentan.
Uno de los efectos colaterales que tendrá el COVID-19 será una de las recesiones más grandes que se haya enfrentado en el mundo y México, desafortunadamente, no será inmune a esta situación. Entre los grupos vulnerables es importante reconocer que la infancia es generalmente uno de los más afectados durante emergencias y crisis económicas puesto que la falta de recursos repercute en los ámbitos necesarios para lograr su bienestar y desarrollo.
La pobreza infantil en México no es nueva y esta situación es una deuda pendiente que requiere comenzar a enmendarse. La mitad de todas los niños y las niñas que viven en México están en condiciones de pobreza (49.6% según datos del CONEVAL de 2018). Sin embargo, la evidencia basada en experiencias previas muestra que una crisis financiera se torna en una crisis para niñas, niños y adolescentes cuando se afecta la situación de madres, padres y otros cuidadores en el mercado laboral y se reduce la capacidad de los Estados para proteger a las familias; en estas épocas se registra una reducción de la ingesta nutricional diaria y consumo de alimentos nutritivos, además de recortes en actividades educativas.
Con base en las experiencias sobre las afectaciones a la infancia, la principal recomendación para el gobierno mexicano en estos momentos es aumentar la inversión en bienestar y protección social, pieza fundamental para reducir la pobreza y la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia.
En su plan para enfrentar la crisis económica, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que su gobierno tiene en marcha varios programas de bienestar destinadas a ciertas poblaciones específicas y que se han marcado como prioritarios para proteger su continuidad. Sin embargo, estos programas pueden y deben expandirse con apoyos adicionales durante la crisis para llegarle de manera efectiva a un grupo amplio de la población más vulnerable.
También es importante considerar extender beneficios a muchos otros grupos todavía no cubiertos por los programas de bienestar, tales como madres embarazadas e hijos en su primera infancia que se encuentren en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Finalmente, es supremamente oportuno implementar un seguro de desempleo que permita a las familias suavizar su consumo y apoyar su transición de la crisis hacia una recuperación gradual. Reconocemos que la respuesta tiene un fuerte impacto financiero para el Gobierno, pero sabemos que invertir ahora puede mitigar efectos negativos que luego serán todavía más costosos de remediar.
Esperamos que el Gobierno Mexicano tenga apertura para las sugerencias y mejoras que, desde organismos internacionales, la academia y la sociedad civil se están compartiendo. Asimismo, esperamos que la respuesta a la crisis que se avecina no deje desatendidos a la infancia en condición de pobreza y vulnerabilidad. Parte de su desarrollo cognitivo, motriz y emocional dependen de su adecuada alimentación, salud, educación y protección. La ausencia de cualquiera de estos aspectos fundamentales puede generar daños irreversibles. Y nadie quiere que a ellos la crisis les marque negativamente para toda la vida.
* Jefa de Política Social de UNICEF México
