Ayer por la mañana, la Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, fue al Senado a reunirse con la Comisión de Derechos Humanos.
Su presentación es un retrato de la tragedia reciente mexicana. Al 4 de octubre hay 92 mil 794 personas desaparecidas y no localizadas en el país; la mayoría de ellas tenía entre 15 y 40 años cuando desaparecieron. Quince mil de los 92 mil son menores de 18 años y en esa población, las mujeres son más de 50 por ciento. Cuando se desmenuza por año de desaparición, según el registro nacional, queda claro el impacto de las acciones del sexenio de Calderón y cómo desde la mitad de su sexenio las cifran anuales no han dejado de crecer hasta ahora.
¿Cómo llegamos hasta aquí? Esta semana, la organización México Evalúa publicó su reporte Hallazgos 2020 que avalúa el sistema de justicia penal. No es difícil encontrara algunas explicaciones por ahí. El sistema de justicia está colapsado.
Para empezar, de nada sirve denunciar y por eso poco se denuncia. Cito del reporte: “No se inicia una carpeta de investigación en todos los casos, lo que puede representar una ventana de riesgo de corrupción e impunidad. Solo cuatro de cada 10 carpetas de investigación abiertas logran una resolución ministerial, y de las pocas que la reciben, 65 por ciento son enviadas al archivo y en 19 por ciento se decreta el no ejercicio de la acción penal. Si bien el sistema tiene un carácter residual, ambas figuras representan formas de terminación poco satisfactorias, especialmente para las víctimas. Entretanto, el uso de otras salidas, como los mecanismos alternativos de solución de controversias, vieron reducido su uso de 2019 a 2020”.
La cifra negra, es decir, los delitos no denunciados, alcanzan 93 por ciento. Y con lo poco que sí se hace, se hace mal: “En México, 36.1 por ciento de las personas imputadas son sometidas a prisión preventiva de manera oficiosa, sin mediar algún análisis. A la par existen entidades en las que no se realizan solicitudes para el desarrollo de evaluaciones de riesgo procesal, o bien otras en las que las evaluaciones no son tomadas en cuenta. Igualmente, llama la atención el incremento en el uso del procedimiento abreviado, pues sin mecanismos de supervisión y control puede convertirse en una salida que incentive la fabricación de culpables”.
Una parte de lo que ayer presentó Karla Quintana podría explicarse por ahí.
@puigcarlos
