Hace algunos años, en un esfuerzo que incluyó a organizaciones de la sociedad civil, universidades y académicos, después de décadas de que en México la procuración de justicia fuera un acto político utilizado a discreción del gobierno en turno, se legisló para que la Procuraduría General de la República se volviera autónoma del Poder Ejecutivo. Simbólicamente se cambió el nombre a fiscalía.
Como tantas veces en México, la legislación se quedó ahí y no se incluyó un plan de política pública —y recursos— para la transición de una institución que, según la ley, debería convertirse en otra.
Por si eso no fuera suficiente, el Presidente y su partido decidieron poner al frente de esta nueva institución a Alejandro Gertz, a quien la reforma al sistema de justicia penal de 2008 siempre le había parecido equivocada, tanto que hace un par de años, en un ejercicio fallido por todas partes, intentó presentar una amplia reforma a la reforma. Las consecuencias de todo esto han sido desastrosas.
En estos días los colectivos Seguridad sin Guerra y Colectivo contra la Impunidemia, que conforman hace tiempo más de 40 organizaciones, colectivos de familias en busca de desaparecidos y especialistas, han hecho un inventario de esta transición a la autonomía y la actuación del fiscal Gertz que pide un informe de gestión público de éste.
Aquí un resumen de lo sucedido estos años: Incrementó el uso de la prisión preventiva como medida cautelar en el ámbito federal, al pasar de 71.1% en 2018 a 83.8% en 2019.
La FGR continúa procesando judicialmente, en su mayoría, casos de criminalidad común y no de criminalidad compleja. En 2020, 58.37% son delitos relacionados con portación de armas de fuego, 2.25% delitos fiscales, 1.97% delitos contra el patrimonio y 1.25% delitos relacionados con robo de hidrocarburos.
En 2020, la FGR consignó cinco averiguaciones previas y judicializó solo una carpeta de investigación por tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de un universo de más de 5 mil investigaciones en trámite. En cuanto a la conclusión de expedientes vinculados a la posible comisión de actos de desaparición, 868 carpetas de investigación estuvieron en trámite, pero en ningún caso se acreditó la comisión de los delitos investigados, ni se buscó el ejercicio de la acción penal mediante su persecución ante los tribunales.
A esto hay que sumar el uso de la fiscalía para sus asuntos personales.
Carlos Puig
@puigcarlos
